Agua Botada

El área de explotación Agua Botada se encuentra ubicada en Malargue, Mendoza, operada por la petrolera argentina Roch SA en conjunto con la empresa estatal mendocina EMESA.

El marco normativo hidrocarburífero y ambiental de Mendoza combina instrumentos de protección ambiental, regulación sectorial y ordenamiento territorial. La Ley N.º 5961 establece los principios de preservación ambiental y exige EIA y DIA para proyectos capaces de modificar el ambiente, incluyendo la exploración y explotación de hidrocarburos. La Ley N.º 7526 regula la actividad hidrocarburífera y reconoce el dominio provincial sobre los yacimientos, estableciendo permisos y concesiones, obligaciones de inversión y un mínimo de 75% de mano de obra mendocina, además de un régimen general de regalías del 12%. Por su parte, la Ley N.º 8051 incorpora el ordenamiento territorial como herramienta para compatibilizar desarrollo y protección ambiental, determinando usos del suelo y del agua y contemplando zonas destinadas a actividades extractivas y energéticas. Complementariamente, la Ley N.º 8706 regula las regalías como parte del sistema de ingresos públicos y habilita su utilización como garantía de operaciones de crédito, mientras que la Ley N.º 9279, mediante el programa Mendoza Activa Hidrocarburos, establece incentivos fiscales de hasta el 40% de la inversión para promover nuevos pozos, reactivación de pozos y abandono de pozos existentes.

La Dirección de Hidrocarburos de Mendoza autorizó a la empresa Roch SA, operadora junto a EMESA, a modificar la ubicación de un pozo exploratorio en el área Agua Botada, en el sur de la provincia. La decisión responde a fundamentos técnicos que desaconsejaban avanzar en la locación originalmente prevista. Es así que se permite sustituir el proyecto inicial en Arroyo Butaló por una nueva perforación en Pampa Amarilla, dentro de la misma área concesionada. Según los informes técnicos evaluados por la autoridad provincial, la zona original presenta bajas posibilidades de éxito productivo, en base a antecedentes de pozos cercanos y estudios geológicos actualizados. En ese contexto, el cambio apunta a evitar una inversión sin retorno y redirigir los recursos hacia una zona con mayor potencial hidrocarburífero. La empresa deberá cumplir igualmente con sus compromisos: el nuevo pozo tendrá una profundidad estimada de 1.500 metros bajo boca de pozo y permitirá acreditar 350 Unidades de Trabajo, que forman parte de las obligaciones de inversión asumidas en el contrato.

Si, puede consultarse de manera onlina. Fuente:

La coexistencia de explotación convencional y no convencional genera diversos riesgos socioambientales. Entre los principales se encuentra la afectación de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, asociada a derrames de hidrocarburos, filtraciones de efluentes y manejo de aguas de producción y flowback. En la región se han registrado antecedentes de derrames de gran magnitud con impactos sobre cursos de agua y actividades productivas.

La actividad también puede generar degradación de suelos y procesos de desertificación, debido a la construcción de pozos, caminos y ductos, el movimiento de suelos y la remoción de cobertura vegetal. Los derrames y la disposición inadecuada de aguas de producción pueden, además, provocar procesos de salinización que afectan la productividad de los terrenos.

Otro riesgo relevante es el impacto sobre la flora, la fauna y la actividad ganadera, derivado de la pérdida de cobertura vegetal, la contaminación de hábitats y la exposición de animales a sustancias hidrocarburíferas. A ello se suma la generación y gestión de residuos peligrosos, incluidos lodos y recortes de perforación, así como el uso y almacenamiento de sustancias químicas potencialmente tóxicas.

Finalmente, las operaciones no convencionales presentan riesgos asociados a la sismicidad inducida, vinculada principalmente a la inyección de fluidos a alta presión. En áreas de explotación de la Cuenca Neuquina se han registrado episodios sísmicos que han generado preocupación por sus posibles efectos sobre viviendas e infraestructura.

Las comunidades mapuches de Malargüe, nucleadas en la Organización Malalweche, han cuestionado el avance de la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales en territorios que consideran ancestrales, señalando la falta de procesos adecuados de consulta y consentimiento previo, libre e informado, conforme al Convenio 169 de la OIT. Asimismo, han advertido sobre los potenciales impactos del fracking en un contexto de escasez hídrica y crisis climática, y han reclamado participación en los procesos de toma de decisiones que afectan sus territorios.

La conflictividad territorial también se encuentra judicializada. La Provincia de Mendoza cuestionó ante la Corte Suprema el reconocimiento de la personería jurídica de la comunidad Lof El Sosneado, otorgado por el INAI mediante la Resolución 80/2023, alegando que fue realizado de manera unilateral y sin coordinación con las autoridades provinciales. Mendoza sostiene además que el reconocimiento genera incertidumbre sobre la titularidad y seguridad jurídica de tierras fiscales y privadas, mientras que la comunidad defiende la validez de su personería y cuestiona los argumentos provinciales sobre su presencia ancestral en el territorio. La Corte Suprema convocó a una audiencia de conciliación entre las partes.