Aguarague

Aguaragüe es un área madura, predominantemente gasífera y de elevada complejidad técnica, operada por Tecpetrol, que posee una participación del 23% en la Unión Transitoria integrada además por YPF (53%), Pampa Energía (15%), Compañía General de Combustibles (5%) y Ledesma (4%). Los pozos del área alcanzan profundidades de hasta 5.200 metros. La concesión fue extendida por diez años en 2023 y se encuentra vigente hasta noviembre de 2037. Durante 2025, Tecpetrol reconoció un cargo por deterioro de USD 7,8 millones sobre los activos de desarrollo correspondientes a Aguaragüe, asociado principalmente al incremento de los costos operativos y a un desempeño de las inversiones inferior al esperado; el valor recuperable de estos activos fue estimado en USD 6 millones al 31 de diciembre de 2025. En el marco de la Ronda 5.2 del Plan Gas.Ar, Aguaragüe recibió una adjudicación de volúmenes de producción incremental, y la UT suscribió con ENARSA un acuerdo de venta de gas por hasta 0,1 millones de m³ diarios hasta diciembre de 2028, sin obligación de entrega en caso de no verificarse producción incremental. Al cierre de 2025, los activos proporcionales de Tecpetrol en el área ascendían a USD 6,34 millones, frente a pasivos por USD 14,07 millones.

El marco normativo ambiental de la provincia de Salta está compuesto por un conjunto amplio de leyes que regulan el uso de los recursos naturales y condicionan directamente el desarrollo de actividades extractivas. En primer lugar, la Ley 7070/99 de Protección del Medio Ambiente constituye la norma central, estableciendo principios como el desarrollo sustentable, el “contaminador-pagador” y la obligación de minimizar impactos, además de regular de manera integral recursos como agua, suelo, biodiversidad, atmósfera y residuos . Dentro de esta ley, se destaca el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Social, que exige la presentación de estudios y certificaciones antes de autorizar proyectos, incluyendo actividades extractivas. A su vez, el Código de Aguas (Ley 7017/99) regula el uso y calidad de los recursos hídricos, un aspecto crítico para industrias como la minería o hidrocarburos, mientras que normas sobre suelos (Ley 5973/82) imponen restricciones para evitar degradación y erosión . En materia de biodiversidad, leyes como la 7543/08 de ordenamiento territorial de bosques nativos, junto con normas sobre fauna y recursos forestales, limitan el avance de actividades sobre ecosistemas protegidos. También existen regulaciones específicas sobre residuos —incluidos los peligrosos— y sustancias químicas, que establecen controles estrictos sobre la gestión de desechos y el uso de insumos contaminantes. Adicionalmente, se cuenta con la Resolución 158/23 que establece los contenidos mínimos para una EIA.

En conjunto, este entramado normativo configura un sistema que, al menos en términos formales, busca compatibilizar la explotación de recursos naturales con la protección ambiental, imponiendo requisitos, controles y posibles restricciones a las actividades extractivas en la provincia. Un punto a destacar con relación al derecho indígena es la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (Ley 26.160). La Ley 26.160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, protegía a las comunidades originarias de desalojos de sus territorios. El presidente Javier Milei decidió derogarlo a través del decreto de necesidad y urgencia. Esta decisión, junto con la disolución del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), configura un escenario de creciente desprotección para los territorios indígenas y campesinos. A más de quince años de la primera sanción de la Ley 7543 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Salta, y con diez años de retraso según lo previsto por la ley nacional, la provincia aprobó la actualización de la normativa. El nuevo mapa, sancionado en diciembre de 2024, habilita la deforestación de 700.000 hectáreas. Las cámaras de Diputados y Senadores debatieron el proyecto y lo aprobaron en menos de diez días (el 19 de diciembre de 2024). El proceso fue ampliamente criticado por su velocidad y falta de participación real de las comunidades afectadas.

La estructura de la deuda financiera de YPF está integrada por los siguientes instrumentos: Obligaciones Negociables (ON): Constituyen la fuente principal, representando aproximadamente el 78% de la deuda financiera total. Al cierre de 2025, el valor en libros de las ON en moneda extranjera era de $13.098.347 millones de pesos (sumando porción corriente y no corriente). Préstamos Bancarios y otras financiaciones: Representan cerca del 21% del total. Incluyen préstamos financieros, prefinanciaciones de exportaciones y financiaciones de importaciones. Otros instrumentos: El remanente se compone de pagarés bursátiles y adelantos en cuenta corriente. En términos de moneda, el 98,7% de la deuda está denominada en dólares estadounidenses. La tasa de interés promedio ponderada de esta deuda se sitúa en un 6,7%.

Discriminadamente no, pero hay EIA del área, con predominancia en Bolivia, que es hasta dónde llega el área de explotación. Fuentes consultadas

Entre los principales riesgos socioambientales se encuentran la deforestación y afectación del monte asociadas a la apertura de caminos, picadas y locaciones de pozos, con potencial impacto sobre los bosques nativos y la biodiversidad. En materia hídrica, existe riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas por derrames de hidrocarburos y una gestión inadecuada de efluentes, así como presión sobre el recurso por el uso intensivo de agua. En particular, en los yacimientos maduros se generan grandes volúmenes de agua de formación, caracterizada por su elevada salinidad y potencial presencia de hidrocarburos, que requiere un tratamiento y disposición adecuados para evitar afectaciones sobre los suelos y recursos hídricos. Asimismo, la actividad genera residuos y sustancias que requieren un manejo específico, como lodos de perforación, hidrocarburos y productos químicos. En cuanto a la calidad del aire, la quema y el venteo de gas, junto con las emisiones fugitivas asociadas a pozos e instalaciones, constituyen fuentes potenciales de emisiones. Finalmente, la infraestructura hidrocarburífera puede generar fragmentación territorial, afectando la continuidad del territorio, la movilidad y los usos tradicionales del monte.

En mayo de 2026 se informó un derrame/fuga de hidrocarburos en un yacimiento inactivo del área Aguaragüe, en la zona de Campamento Vespucio (General Mosconi). Se tomaron muestras de suelo para determinar la composición de las surgencias y su eventual impacto ambiental. La información disponible indica que se trata de un pozo que no cuenta con abandono definitivo.