Campo Indio Este - El Cerrito

Yacimiento convencional onshore de la Cuenca Austral. En enero de 2018, CGC extendió la concesión de producción de hidrocarburos no convencionales en Campo Indio Este-El Cerrito por un plazo adicional de 35 años, siendo una de las primeras concesiones no convencionales en la cuenca. Opera tanto reservorios convencionales como la formación Palermo Aike en modalidad de exploración incipiente. Producción convencional y evaluación del potencial no convencional en la formación Palermo Aike. Fractura hidráulica (fracking).

En la Provincia de Santa Cruz, la actividad hidrocarburífera se encuentra regulada por el marco nacional establecido por la Ley N.º 17.319 de Hidrocarburos, sus modificaciones, entre ellas la Ley N.º 27.007, y la Ley de Bases N.º 27.742. A nivel provincial, resulta aplicable la normativa específica de hidrocarburos de Santa Cruz, que regula las actividades dentro de la jurisdicción provincial. En materia ambiental, las operaciones deben cumplir con los presupuestos mínimos establecidos por la Ley N.º 25.675 de Política Ambiental Nacional, junto con la normativa ambiental provincial correspondiente.

A fines de 2024, CGC Energía S.A.U. fue absorbida por su propia empresa hermana, Compañía General de Combustibles S.A. (CGC). Esto significa que, como entidad separada, CGC Energía S.A.U. dejó de existir, fusionándose en una empresa más grande. La empresa indica que las actividades de producción y desarrollo en la Cuenca Austral se llevan a cabo en cumplimiento de 26 concesiones de explotación y 3 permisos de exploración, que vencen entre 2026 y 2058 y representan más del 67% de su producción total y base de reservas. La financiación de Compañía se basa en una estructura que combina el acceso recurrente a los mercados de capitales (tanto local como internacional), el endeudamiento bancario y el fuerte soporte de sus accionistas mediante aportes de capital. A finales de 2025, la empresa mantenía una estrategia de desendeudamiento y refinanciación para mejorar su perfil de vencimientos. Composición de la Deuda (al cierre de septiembre 2025):

Obligaciones Negociables (ON): 68% (representan la mayor parte del fondeo, con emisiones en el mercado local e internacional). Deuda Bancaria: 22% (incluye préstamos sindicados y líneas bilaterales). .

Otras Deudas Financieras: 9%. Deuda con Relacionadas: 1%. Adicionalmente, Dividendos de Midstream: CGC utiliza el flujo de fondos proveniente de sus inversiones en transportadoras de gas (TGN, GasAndes y TGM) para reforzar su liquidez. En 2025, recibió USD 74 millones por este concepto. Las ON Clase 23 (USD 100 millones) se emitieron específicamente para financiar inversiones de explotación y exploración en esta cuenca. Las ON Clase 27 (USD 76,9 millones) tuvieron como destino el financiamiento de actividades tanto en la Cuenca Austral como en la del Golfo San Jorge.

Palermo Aike: Los gastos de exploración en este yacimiento no convencional (como los pozos no exitosos reportados en 2025) se imputan a los resultados operativos, financiados con el flujo generado por las operaciones. Acuerdos con YPF: En el marco de su entrada en Vaca Muerta, CGC otorgó a YPF un derecho de preferencia para la compra de crudo, recibiendo un pago único de USD 50 millones que contribuyó a su posición financiera. Por su parte, la Entidades detrás del Préstamo Sindicado (refinanciado recientemente) son: Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (ICBC): Actúa como prestamista y agente administrativo. Banco Santander Argentina S.A. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Citibank, N.A. (Sucursal establecida en la República Argentina). Banco de Valores S.A.; Nuevo Banco de Santa Fe S.A.; Banco de Santa Cruz S.A.; Banco Hipotecario S.A. (incorporado en agosto de 2024).

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Las actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Austral presentan diversos riesgos socioambientales asociados tanto a la sensibilidad de los ecosistemas patagónicos como a la antigüedad y extensión de las operaciones. En particular, las actividades de exploración, perforación y desarrollo de infraestructura pueden generar alteraciones de la estepa patagónica, afectando suelos, vegetación y fauna, especialmente por la apertura de caminos, instalación de locaciones y tránsito de maquinaria. La baja capacidad de recuperación de estos ecosistemas frente a procesos de erosión y compactación incrementa la importancia de las medidas de prevención y restauración.

Otro riesgo relevante está asociado a eventuales derrames de hidrocarburos y sustancias utilizadas en las operaciones, con potencial afectación de suelos y recursos hídricos superficiales y subterráneos. Este riesgo adquiere particular importancia en zonas donde las operaciones se desarrollan próximas a cursos de agua, humedales o acuíferos utilizados para actividades productivas y abastecimiento local.

Finalmente, la madurez de parte de los yacimientos de la cuenca implica la existencia de pozos e instalaciones con largos períodos de operación, lo que puede generar pasivos ambientales vinculados con pozos abandonados o inactivos, ductos, piletas y otras instalaciones. La adecuada gestión de estos pasivos —incluyendo el abandono seguro de pozos, la remediación de suelos y el desmantelamiento de infraestructura fuera de uso— constituye un desafío relevante para evitar que los impactos ambientales se prolonguen más allá de la vida productiva de los proyectos.

En 2022, la comunidad indígena Camusu Aike, ubicada en la provincia de Santa Cruz, denunció públicamente un derrame de hidrocarburos ocurrido dentro de su territorio ancestral. Según los testimonios de integrantes de la comunidad, el derrame habría afectado una laguna natural utilizada por la fauna local y por sus propias actividades productivas.

La comunidad atribuyó la responsabilidad del incidente a la empresa Compañía General de Combustibles (CGC), señalando impactos ambientales directos y cuestionando la gestión del evento. Asimismo, denunciaron la presunta falta de transparencia en la respuesta de la empresa y la existencia de operaciones hidrocarburíferas en territorios que consideran ancestrales, sin procesos adecuados de consulta previa.

Este caso se inscribe en un patrón más amplio de conflictos socioambientales entre proyectos extractivos y comunidades indígenas en la región. Si bien estas disputas suelen implicar denuncias públicas y reclamos por derechos territoriales y ambientales, no siempre derivan en procesos judiciales formales o en resoluciones institucionales concluyentes.