Centro Este

El Yacimiento Centro Este es un área convencional de petróleo y gas de 347 km², ubicada en el borde noreste de la Cuenca Neuquina, en la provincia de Río Negro, cerca de Catriel. Comprende 14 yacimientos, entre ellos Centro Este, Meseta Alta, Divisadero Catriel, Planicie Morada y Señal Centro, y es operado por Petróleos Sudamericanos S.A.. Las principales formaciones productoras son Centenario y Quintuco, con producción de petróleo, gas y agua a profundidades de entre 800 y 1.200 metros. Desde su descubrimiento se perforaron unos 120 pozos, alcanzando una producción acumulada aproximada de 2,5 millones de m³ de hidrocarburos. El crudo, comercializado como Medanito, es acondicionado en instalaciones del área y transportado hacia Puerto Rosales, mientras que el gas libre se utiliza principalmente para consumo interno.

El marco regulatorio hidrocarburífero de Río Negro reconoce el dominio provincial sobre los yacimientos y otorga al Poder Ejecutivo amplias facultades para otorgar, prorrogar y fiscalizar permisos y concesiones. La normativa busca promover la producción y la recuperación de pozos de baja productividad e inactivos, al tiempo que establece condiciones para la prórroga de concesiones, incluyendo inversiones, aportes económicos, un mínimo del 80% de mano de obra y proveedores locales y compromisos de desarrollo comunitario. Asimismo, la Ley N.º 3829 establece obligaciones de abastecimiento de petróleo y gas a empresas elaboradoras de derivados, mientras que la Ley N.º 5594 y el Decreto N.º 563/2025 regulan y fortalecen el control provincial sobre el transporte de hidrocarburos por ductos y su infraestructura asociada, mediante requisitos técnicos, planes de integridad, inspecciones, reportes de incidentes y pagos por desarrollo territorial y fiscalización.

En materia ambiental, la regulación establece obligaciones específicas de prevención, control y remediación. La Ley N.º 4682 crea un Plan de Remediación Ambiental para atender pasivos y daños derivados de la actividad hidrocarburífera, cuya ejecución y financiamiento corresponden a las empresas operadoras, e incorpora mecanismos de denuncia ciudadana. Por su parte, el Decreto N.º 462/2005 clasifica la actividad como de “alto riesgo presunto”, exige la inscripción en un registro ambiental, la presentación de estudios de impacto ambiental y el reporte de incidentes. En conjunto, el régimen combina promoción de la producción y desarrollo local con obligaciones de gestión ambiental, seguridad, remediación y fiscalización, con sanciones que pueden incluir multas y la caducidad de concesiones ante incumplimientos graves o reiterados.

Si

La explotación de hidrocarburos convencionales en la cuenca neuquina genera un deterioro ecológico multifacético que afecta el agua, el suelo, la flora y la fauna, comprometiendo la sustentabilidad de la región. Este deterioro se manifiesta de las siguientes maneras:

1. Contaminación de Recursos hídricos: uno de los impactos más críticos es la afectación de las napas freáticas y los cursos de aguas superficiales.

- Acuíferos: el uso de piletas de purga sin recubrimiento ni impermeabilización ha provocado que los efluentes y la gasolina se filtren directamente al flujo subterráneo.

- Ríos: los derrames de petróleo, como el de más de 300.000 litros ocurrido en 1997, han contaminado el río Colorado, afectando el suministro de agua potable en localidades como Rincón de los Sauces y obligando a interrumpir el riego en zonas agrícolas.

2. Degradación de suelos y desertificación: la infraestructura necesaria para la actividad hidrocarburífera altera profundamente al terreno:

- Desertificación: la construcción de gasoductos, oleoductos y pozos requiere grandes movimientos de tierra que conllevan el aplastamiento de la cobertura vegetal, lo que favorece procesos de desertificación.

- Salinización: los derrames de "agua de purga" o flowbacks han dejado una cantidad importante de parcelas agrícolas irrecuperables debido al alto porcentaje de salinización que producen.

3. Impacto en la flora y la fauna: el ecosistema sufre daño directos que afectan la cadena biológica:

- Vegetación: la actividad contaminante e intrusiva merma la cubierta vegetal. Además, la contaminación deposita una "pátina grasosa" sobre las plantas, disminuyendo su calidad alimenticia, lo que dificulta que los animales aumenten de peso o se reproduzcan.

- Fauna y ganadería: se han registrado muertes de animales en pocas horas tras beber agua contaminada con sustancias petroquímicas en las piletas excavadoras por las empresas. Asimismo, se reportan daños generales a la fauna silvestre de la zona.

4. Residuos tóxicos y riesgos químicos: el deterioro se ve agravado por el manejo de sustancias peligrosas.

- Productos químicos: para el proceso de deshidratación del petróleo crudo se utilizan productos químicos de gran toxicidad y altamente cancerígenos.

- Metales pesados: informes sanitarios han detectado altas concentraciones de mercurio y plomo en la población debido al contacto permanente con residuos tóxicos e inhalación de gases.

En diciembre de 2019, el gremio de Guillermo Pereyra ratificó su denuncia contra Petróleos Sudamericanos para darle continuidad a los operarios y a los derechos adquiridos. El conflicto se originó tras la compra de áreas maduras por parte de Petróleos Sudamericanos a YPF en 2018. Al adquirir los yacimientos, la operadora inició una reingeniería estructural, en la que despidió a todo el personal para darles un nuevo alta, lo que provocó que los operarios perdieran sus "derechos adquiridos" y los acuerdos previos que tenían con YPF y sus contratistas. Ante dicha situación, el sindicato lanzó un paro para evitar que los trabajadores quedaran fuera de la nueva estructura y para denunciar la pérdida de beneficios. Entre las irregularidades detectadas se encuentran remuneraciones atrasadas, ítems salariales desactualizados y la mala categorización de algunos empleados. En búsqueda de la conciliación obligatoria, la Secretaría de Trabajo de Río Negro la dictaminó y derivó en audiencias de mediación entre algunas partes. Durante este proceso, se acordó la reincorporación de algunos operarios a través de nuevas empresas contratistas. Aunque mantienen la tregua, el gremio ratificó su denuncia original de diciembre de 2019, exigiendo la continuidad laboral y el respeto a los derechos adquiridos. La entidad gremial advirtió que, ante posibles incumplimientos de lo pactado en las audiencias, se encuentran en "libertad de acción" para implementar nuevas medidas de acción directa.

En agosto de 2025, la propietaria de un terreno en Catriel, Río Negro, impidió el ingreso a operarios y maquinaria de Patróleos Sudamericanos que intentaba realizar tareas ambientales en un pozo abandonado ubicado dentro de su predio. Según explico la propietaria, nunca se le notificó de forma inticipada de la visita y aseguró que la empresa pretendía ingresar por un camino indebido, con potenciales daños al canal de riego y a sus cultivos. Ante la negativa, la petrolera inició una demanda por daños y perjuicios contra la mujer. Iniciando un reclamo por resarcimiento económico por los gastos generados debido a la imposibilidad de realizar las tareas ambientales. Argumentando así que la mujer había incumplido la Ley de Hidrocarburos, normativa que establece restricciones a los propietarios para impedir labores ordenadas por autoridades ambientales. Por su parte, la dueña, sostuvo que existía una causa judicial anterior relacionada con ese pozo abandonado, iniciada por ella misma contra otra petrolera por daños ambientales. La mujer consideró que permitir el ingreso podría alterar evidencia importante para su juicio previa. Por último, durante la sentencia, la jueza determinó que Petróleos Sudamericanos no acreditó haber notificado a la propietaria en tiempo y forma ni haber brindado garantías adecuadas por posibles prejuicios. Por eso, concluyó que la negativa estuvo dentro de lo razonable y protegió el derecho constitucional de propiedad de la demandada. Finalmente, el tribunal rechazó íntegramente la demanda de la petrolera y determinó que la dueña no deberá abonar indemnización alguna.

En diciembre de 2021, cerca de Catriel, Río Negro, se produjo la rotura de un oleoducto de 16 pulgadas, el cual conecta Neuquén con Río Negro. En el se estima que se derramaron más de 3 millones de litros de petróleo sobre una superficie de 21.000 m2. El informe atribuye el hecho a la falta de mantenimiento y la corrosión de cañerías viejas, las cuales se encuentran operando al límite debido al aumento de la producción en la Cuenca Neuquina. Dicho ducto se encontraba operado por Oldelval, un consorcio donde YPF es el principal acciones, mientras que el área donde ocurrió el derrame es explotada por Petróleos Sudamericanos. Daniel Lezcano, un poblador local de la comunidad Quiñe Trawun Peñi, fue quien descubrió el derrame y denunció que inicialmente solo había una máquina de Petróleos Sudamericanos trabajando en el lugar.

El informe resalta que el Estado nacional tiene responsabilidades múltiples al ser "juez y parte", ya que debe fiscalizar a través de la Secretaría de Energía pero también participa del negocio a través de YPF. Asimismo, se menciona que las denuncias previas de los pobladores por falta de planes de saneamiento habían sido desestimadas por la justicia y los organismos gubernamentales. Por último, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro solicitó planes de remediación a la empresa y anunció que evaluaría las causas para determinar si correspondían infracciones o multas.

En enero de 2026, Petróleos Sudamericanos impidió el ingreso del Municipio de Catriel al área y dio de baja el contrato con la empresa Brava. Durante la conferencia de prensa, la intendenta Daniela Silvina Salzotto puso el foco en el cumplimiento del Compre Local y la Mano de Obra Local. Advirtió que esas prácticas se consideran ""anticatrielenses"", vinculadas a la reducción de costos mediante despidos de trabajadores de la ciudad y el eventual reemplazo por empresas foráneas. Asimismo, expresó su preocupación por los despidos silenciosos, de los que toma conocimiento a partir de mensajes de trabajadores angustiados. Sostuvo que la licencia social y el diálogo institucional son pilares que las operadoras deben respetar. Ante estos hecho, Salzotto explicó que el Municipio inició un proceso de inspecciones y controles, amparados en la Carta Orgánica, para verificar habilitaciones comerciales, categorizaciones y el cumplimiento de tasas y cánones correspondientes. Sin embargo, Petróleos Sudamericanos respondió con una nota formal en la que sostuvo que la competencia para autorizar visitas e inspecciones corresponde a la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente de Río Negro, citando normativa nacional y provincial, rechazando así el ingreso municipal al área. Por último, desde el municipio señalaron que la Mesa de Emergencia Laboral y Económica continúa activa y que se convocará a todos los actores involucrados -empresas, sindicatos y organismos provinciales- para resguardar el trabajo local y los intereses de la comunidad.