Cerro Bandera

Cerro Bandera es un área de explotación de hidrocarburos convencionales ubicada en la porción sur de la Cuenca Neuquina, aproximadamente 30 km al oeste de Cutral Có, provincia de Neuquén. Oilstone Energía S.A. es titular del 100% de la concesión, cuyo vencimiento está previsto para noviembre de 2027. El área constituye uno de los principales activos históricos de la compañía, que inició allí sus operaciones y posteriormente adquirió la totalidad de la concesión a YPF.

Se trata de un yacimiento maduro, cuya explotación se basa en la producción convencional de petróleo y gas. Oilstone ha desarrollado en Cerro Bandera un proyecto de recuperación secundaria, mediante el cual busca sostener y optimizar la producción de petróleo a partir de la infraestructura y los pozos existentes. La propia compañía identifica a Cerro Bandera y Aguada Baguales como sus dos proyectos de recuperación secundaria. En marzo de 2026, Cerro Bandera registró una producción aproximada de 52 m³/día de petróleo y 102 mil m³/día de gas natural, según datos del IAPG.

En materia financiera, Oilstone atraviesa un proceso concursal: el 20 de febrero de 2026 se dispuso la apertura de su concurso preventivo, luego de que la compañía declarara encontrarse en cesación de pagos. Los pasivos informados ascienden a aproximadamente USD 11,8 millones, principalmente correspondientes a préstamos bancarios.

El marco hidrocarburífero de Neuquén establece que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen al patrimonio provincial y que el Poder Ejecutivo tiene facultades sobre el otorgamiento de permisos y concesiones. La Ley Provincial 2453/04 regula la exploración, explotación, transporte e industrialización de hidrocarburos, estableciendo los principales regímenes de permisos y concesiones, sus plazos, obligaciones de inversión, cánones y una regalía general del 12% sobre la producción en boca de pozo, reducible en determinados casos. La aplicación de este régimen corresponde a la autoridad provincial competente en materia energética. El Decreto 2183/2021 reafirma estas competencias y establece al Ministerio de Energía y Recursos Naturales como autoridad de aplicación y fiscalización de la actividad.

En materia de emisiones atmosféricas, la Ley 2175/96 establece límites para las emisiones de gases de la actividad hidrocarburífera, obligaciones de declaración y un régimen de tasas y sanciones por contaminación. El Decreto 29/2001 reglamenta esta ley y establece requisitos técnicos de medición y registro de los gases emitidos, así como excepciones específicas y transitorias al venteo cuando existan razones técnicas o económicas debidamente justificadas. Los operadores deben contar con sistemas de medición y conservar los registros a disposición de la autoridad de aplicación.

Para la explotación de reservorios no convencionales, el Decreto 1483/2012, incorporado a la reglamentación de la Ley Ambiental 1875, establece requisitos específicos para prevenir y mitigar impactos ambientales asociados a la estimulación hidráulica. Exige una licencia ambiental previa y documentación sobre el uso y tratamiento de los fluidos de estimulación y del agua de retorno (flowback). Asimismo, restringe el uso de aguas subterráneas aptas para consumo o riego, prohíbe el vertido o almacenamiento a cielo abierto del flowback, exige su tratamiento y establece medidas para reducir impactos sobre el suelo, el agua, el ruido y el uso del territorio. Los operadores también deben realizar controles fisicoquímicos del agua de retorno y presentar periódicamente su planificación de perforaciones.

En marzo 2026, Oilstone Energía S.A. entró formalmente en concurso preventivo de acreedores tras declarar la cesación de pagos y buscar la reestructuración de una deuda bancaria de USD 11,8 millones. El proceso fue dispuesto por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°11, reflejando la crisis de los yacimientos maduros frente al auge de Vaca Muerta.

La explotación de hidrocarburos convencionales en la Cuenca Neuquina genera diversos riesgos ambientales que pueden afectar los recursos hídricos, los suelos, la vegetación y la fauna. Entre los principales se encuentra la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por derrames de hidrocarburos, filtraciones y manejo inadecuado de efluentes y aguas de producción. También se identifican procesos de degradación y salinización de suelos asociados a la instalación de pozos, ductos y caminos, así como a la remoción de cobertura vegetal y el movimiento de tierras, que pueden favorecer procesos de desertificación.

La actividad puede asimismo afectar la flora, la fauna silvestre y la ganadería por la pérdida y contaminación de hábitats y la exposición a sustancias hidrocarburíferas. A ello se suma la generación y manejo de residuos y sustancias químicas potencialmente peligrosas, incluidos productos utilizados durante las distintas etapas de producción y residuos asociados a la perforación y tratamiento de hidrocarburos. Estos factores requieren sistemas adecuados de prevención, tratamiento, monitoreo y remediación para reducir los impactos acumulativos de una actividad desarrollada durante décadas en distintas áreas de la cuenca.

La petrolera Oilstone Energía entró en concurso preventivo tras declarar cesación de pagos y solicitar una reestructuración de pasivos por u$s 11,8 millones, principalmente vinculados a préstamos bancarios. La apertura del proceso fue dispuesta por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 11, luego de que la compañía presentara formalmente su convocatoria de acreedores a comienzos de febrero 2026.

La tensión en la zona rural de Cutral Co y Plaza Huincul se profundizó cuando productores resolvieron cerrar de forma total el acceso a sus campos en un conflicto que tiene a la empresa Oilstone como empresa directamente señalada. Esta medida fue toma en diciembre de 2025, e impidió el ingreso de vehículos y personal vinculado a la actividad petrolera, en reclamo por deudas económicas y la falta de agua para consumo humano y animal. La protesta se concentró en sectores rurales ubicados en Portezuelo, sobre la ruta 22, y en áreas de Ranquil Co y Los Badenes, a la vera de la ruta 17.

Voceros de las familias afectadas explicaron los motivos de la decisión: incumplimiento de acuerdos legalmente establecidos. Los productores reclaman el pago de las servidumbre, el canon que las petroleras deben abonar por utilizar tierras privadas para sus operaciones. Por otro, denuncian una crisis hídrica que afecta de forma directa a las familias que residen de manera permanente en los campos.

La petrolera Oilstone Energía despidió a casi 120 operarios, redujo su planta de 300 a 183 trabajadores y entró en concurso de acreedores tras declararse en cesación de pagoa. La empresa, con 15 concesiones que abarcan unos 3.000km2 de la Cuenca Neuquina, intenta reestructurar una deuda de 11,8 millones de dólares, mientras su operación se achica y su futuro queda atado a una compleja negociación judicial y política. El impacto más inmediato se ve en los puestos de trabajo. El recorte de personal expone el costo social de la crisis del convencional, un segmento que pierde terreno frente al crecimiento acelerado de Vaca Muerta. Según explicó la propia compañía, su deterioro financiero responde a una combinación de factores: caída de los precios del gas, dificultades para acceder a infraestructura de transporte y una sobreoferta impulsada por el shale que terminó erosionando sus ingresos. En ese escenario, el negocio tradicional quedó una vez más relegado.

Por otro lado, Oilstone también enfrenta un frente abierto con comunidades y productores rurales. En diciembre de 2025, la empresa quedó en el centro de protestas en zonas como Plaza Huincul y Cutral-Co, donde productores denunciaron deudas impagas y problemas graves de acceso de agua para consumo humano y animal. Los reclamos incluyeron bloqueos en accesos a campos en sectores como Portezuelo, Ranquil Co y Los Badenes, visibilizando un conflicto que llevaba más de un año sin respuestas. Este frente social agrega presión a una compañía que ya esta al límite.