Cluster de campos maduros

Puesto Pozo Cercado Oriental (PPCO) es un yacimiento convencional onshore ubicado en la provincia de Mendoza, en la Cuenca Cuyana, aproximadamente 55 km al sur de la ciudad de Mendoza. El área tiene una superficie de alrededor de 63 km² y fue descubierta por YPF en 1960. Actualmente es operada por Aconcagua Energía, que posee el 50% de la concesión, en asociación con Crown Point Energy (50%). La concesión tiene vencimiento en 2043.

El yacimiento produce principalmente petróleo convencional liviano (~32° API) y, en menor medida, gas natural. La producción se concentra en las formaciones Río Blanco y Barrancas, a profundidades de aproximadamente 2.900–3.900 metros. En junio de 2026 registró una producción de 28 m³/día de petróleo y 2.000 m³/día de gas.

Se trata de un yacimiento maduro y de pequeña escala, cuyo potencial está asociado a la reactivación de pozos existentes, nuevas intervenciones y recuperación secundaria. Aconcagua asumió la operación tras una fuerte caída de la producción y logró recuperarla mediante trabajos de reparación e inversión.

El marco normativo hidrocarburífero y ambiental de Mendoza combina instrumentos de protección ambiental, regulación sectorial y ordenamiento territorial. La Ley N.º 5961 establece los principios de preservación ambiental y exige EIA y DIA para proyectos capaces de modificar el ambiente, incluyendo la exploración y explotación de hidrocarburos. La Ley N.º 7526 regula la actividad hidrocarburífera y reconoce el dominio provincial sobre los yacimientos, estableciendo permisos y concesiones, obligaciones de inversión y un mínimo de 75% de mano de obra mendocina, además de un régimen general de regalías del 12%. Por su parte, la Ley N.º 8051 incorpora el ordenamiento territorial como herramienta para compatibilizar desarrollo y protección ambiental, determinando usos del suelo y del agua y contemplando zonas destinadas a actividades extractivas y energéticas. Complementariamente, la Ley N.º 8706 regula las regalías como parte del sistema de ingresos públicos y habilita su utilización como garantía de operaciones de crédito, mientras que la Ley N.º 9279, mediante el programa Mendoza Activa Hidrocarburos, establece incentivos fiscales de hasta el 40% de la inversión para promover nuevos pozos, reactivación de pozos y abandono de pozos existentes.

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Los yacimientos Piedras Coloradas, Chañares Herrados, Puesto Pozo Cercado Oriental y Refugio Tupungato presentan perfiles de riesgo socioambiental ampliamente homogéneos, en tanto se trata de activos convencionales onshore ubicados en la Cuenca Cuyana y en etapa de explotación madura. En este contexto, los principales impactos potenciales derivan de actividades operativas similares, asociadas a la extracción de hidrocarburos, el mantenimiento de pozos y la gestión de infraestructura existente. Desde el punto de vista ambiental, uno de los riesgos más relevantes está vinculado a la posible contaminación de suelos y aguas subterráneas, producto de derrames de hidrocarburos, fallas en la integridad de los pozos o manejo inadecuado de efluentes. Este riesgo adquiere particular importancia en áreas como Mendoza, donde el recurso hídrico es escaso y altamente sensible. Asimismo, la gestión de aguas de producción —que pueden contener hidrocarburos, sales y otros compuestos— constituye un desafío crítico en términos de tratamiento, disposición y potencial reutilización. Otro aspecto relevante es el de las emisiones atmosféricas, incluyendo gases de efecto invernadero como el metano, así como emisiones asociadas a la quema de gas (flaring) o venteo. Si bien estos yacimientos no corresponden a desarrollos no convencionales de alta intensidad, las operaciones de campos maduros pueden presentar ineficiencias que incrementen la huella de carbono si no son adecuadamente gestionadas. En términos de uso del suelo, si bien estos campos ya cuentan con infraestructura instalada, persisten impactos asociados a la ocupación del territorio, la fragmentación de ecosistemas y la posible afectación de actividades productivas locales, particularmente en zonas con presencia de agricultura o vitivinicultura. A ello se suman riesgos vinculados al abandono de pozos e instalaciones, donde una gestión inadecuada puede generar pasivos ambientales de largo plazo.

En conjunto, estos yacimientos reflejan un patrón típico de activos maduros, donde los riesgos socioambientales no provienen de la expansión de la frontera extractiva, sino de la necesidad de gestionar de manera eficiente y responsable infraestructuras existentes, minimizando impactos acumulativos y asegurando el adecuado cierre de operaciones. En este sentido, la calidad de la gestión operativa y el cumplimiento regulatorio resultan determinantes para mitigar riesgos y sostener la licencia social para operar.

En los yacimientos analizados no se registran conflictos socio-comunitarios de alta visibilidad o escalamiento significativo, como aquellos que derivan en judicialización, protestas masivas o interrupciones de la actividad. Esto se explica, en parte, por el hecho de que se trata de áreas con una larga historia de explotación hidrocarburífera, donde la presencia de la industria se encuentra socialmente internalizada y forma parte de la dinámica económica local.

No obstante, la ausencia de conflictos de alta intensidad no implica la inexistencia de tensiones. En contextos como la provincia de Mendoza, caracterizada por la escasez hídrica y la relevancia de actividades como la agricultura y la vitivinicultura, suelen emerger preocupaciones recurrentes vinculadas al uso y potencial contaminación del agua, así como a la convivencia entre actividades productivas. Estas inquietudes, si bien no siempre derivan en conflictos abiertos, forman parte del entramado social en el que operan los yacimientos.

Asimismo, en el caso de áreas que han atravesado procesos de reversión de concesiones —como Chañares Herrados y, por extensión, Puesto Pozo Cercado— pueden generarse expectativas o tensiones en torno a la continuidad de la actividad, el empleo local y el cumplimiento de compromisos de inversión por parte de los nuevos operadores. En estos casos, los reclamos tienden a canalizarse a través de mecanismos institucionales o políticos, más que mediante formas de protesta directa.

Por otro lado, en yacimientos de menor escala y perfil operativo más bajo, como Refugio Tupungato, la interacción con comunidades suele ser más acotada, lo que reduce la probabilidad de conflictividad visible. En tanto, en activos de mayor trayectoria como Piedras Coloradas, los riesgos sociales se vinculan más con la gestión de pasivos ambientales y el mantenimiento de estándares operativos que con la oposición comunitaria directa.

En conjunto, estos casos reflejan un patrón típico de cuencas maduras, donde la “licencia social para operar” no se encuentra fuertemente cuestionada, pero sí depende de la capacidad de las empresas de sostener prácticas ambientales adecuadas, cumplir compromisos regulatorios y mantener relaciones estables con actores locales. En este sentido, los riesgos sociales son de carácter latente más que disruptivo, y su adecuada gestión resulta clave para evitar escalamiento futuro.