Coiron Amargo Sur Oeste

El bloque Coirón Amargo Sur Oeste es otro de los activos clave que opera Shell en la provincia de Neuquén. Este cubre una superficie aproximada de 66,5 km2 en una de las zonas geológicas más ricas de Vaca Muerta. Tras una exitosa fase piloto, el bloque actualmente migró hacia el desarrollo comercial a gran escala. El crudo extraído en este bloque se transporta y procesa de forma unificada en la Planta de Procesamiento Central ubicada en el bloque de Sierras Blancas, optimizando los costos logísticos. Asimismo, se conecta con la red de evacuación que permite despachar el crudo hacia Puerto Rosales con destino de exportación.

El marco hidrocarburífero de Neuquén establece que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen al patrimonio provincial y que el Poder Ejecutivo tiene facultades sobre el otorgamiento de permisos y concesiones. La Ley Provincial 2453/04 regula la exploración, explotación, transporte e industrialización de hidrocarburos, estableciendo los principales regímenes de permisos y concesiones, sus plazos, obligaciones de inversión, cánones y una regalía general del 12% sobre la producción en boca de pozo, reducible en determinados casos. La aplicación de este régimen corresponde a la autoridad provincial competente en materia energética. El Decreto 2183/2021 reafirma estas competencias y establece al Ministerio de Energía y Recursos Naturales como autoridad de aplicación y fiscalización de la actividad.

En materia de emisiones atmosféricas, la Ley 2175/96 establece límites para las emisiones de gases de la actividad hidrocarburífera, obligaciones de declaración y un régimen de tasas y sanciones por contaminación. El Decreto 29/2001 reglamenta esta ley y establece requisitos técnicos de medición y registro de los gases emitidos, así como excepciones específicas y transitorias al venteo cuando existan razones técnicas o económicas debidamente justificadas. Los operadores deben contar con sistemas de medición y conservar los registros a disposición de la autoridad de aplicación.

Para la explotación de reservorios no convencionales, el Decreto 1483/2012, incorporado a la reglamentación de la Ley Ambiental 1875, establece requisitos específicos para prevenir y mitigar impactos ambientales asociados a la estimulación hidráulica. Exige una licencia ambiental previa y documentación sobre el uso y tratamiento de los fluidos de estimulación y del agua de retorno (flowback). Asimismo, restringe el uso de aguas subterráneas aptas para consumo o riego, prohíbe el vertido o almacenamiento a cielo abierto del flowback, exige su tratamiento y establece medidas para reducir impactos sobre el suelo, el agua, el ruido y el uso del territorio. Los operadores también deben realizar controles fisicoquímicos del agua de retorno y presentar periódicamente su planificación de perforaciones.

Citibank constituye el principal acreedor financiero de la compañía, concentrando prácticamente la totalidad de la deuda bancaria. Por su parte, Naldo Lombardi S.A. y Banco Galicia presentan una participación marginal en el financiamiento bancario.

Si, se encuentra disponible.

La explotación no convencional de hidrocarburos en Vaca Muerta mediante fractura hidráulica (fracking) presenta diversos riesgos socioambientales asociados al elevado consumo de agua, la integridad de los pozos, la gestión de residuos y sustancias químicas y la transformación del territorio. Entre los principales impactos potenciales se encuentran la presión sobre los recursos hídricos y el riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas por derrames, fallas en la integridad de los pozos o una gestión inadecuada del *flowback* y del agua de producción. La actividad también genera grandes volúmenes de lodos y recortes de perforación que requieren tratamiento y disposición adecuados. A ello se suman emisiones atmosféricas y de gases de efecto invernadero, remoción de vegetación, compactación y erosión de suelos y una creciente ocupación territorial asociada a pozos, caminos, ductos e infraestructura de apoyo. Asimismo, la inyección de fluidos y la disposición de aguas residuales pueden contribuir a la ocurrencia de sismicidad inducida, fenómeno que ha adquirido particular relevancia en localidades como Sauzal Bonito.

En el plano social, la expansión de Vaca Muerta ha generado tensiones vinculadas con el uso y ocupación del territorio, particularmente en áreas donde existen comunidades mapuches y otros actores locales, en el marco de reclamos por la realización de procesos de consulta previa, libre e informada. También se han señalado posibles efectos sobre la salud de las poblaciones expuestas a emisiones, sustancias químicas y contaminación ambiental, aunque la falta de estudios epidemiológicos sistemáticos limita la posibilidad de establecer relaciones causales y dimensionar estos impactos con precisión. El rápido crecimiento de la actividad hidrocarburífera ha ejercido, además, presión sobre las economías y los servicios locales: en localidades como Añelo se registran aumentos del costo de vida, déficit habitacional y sobrecarga de los sistemas de salud, educación, agua y saneamiento, junto con un fuerte incremento del tránsito pesado y el consecuente deterioro de rutas e infraestructura. Estos procesos pueden profundizar las desigualdades entre trabajadores vinculados al sector y el resto de la población local y generar nuevas situaciones de conflictividad territorial y social.

En mayo de 2019, Greenpeace junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén, con el apoyo de la Confederación Mapuche de Neuquén, presentaron la denuncia penal con la evidencia que compromete a la empresa Shell en el escándalo del basurero tóxico e ilegal en Neuquén. La petrolera es responsable de verter residuos peligrosos que ponen en riesgo la población de Añelo, el Río Neuquén y campos agrícolas.

El fiscal del caso Juan Narvaez formuló cargos contra tres hombres por haber impedido de manera ilegítima el acceso y la operación que la empresa Shell ejerce en el área hidrocarburífera Coirón Amargo Sur Oeste, en Añelo. Según la acusación, el 28 de noviembre de 2025, los imputados se apostaron en el camino de acceso a las instalaciones ubicadas en un remanente del Lote Oficial 13 y bloquearon de forma activa y continua el ingreso y egreso de personas, vehículos y equipos, mediante la colocación de un alambrado. El bloqueo se mantuvo hasta el día siguiente e impidió que la operadora realizará relevos de personal y tareas técnicas necesarias para garantizar condiciones seguras de operación, generando afectación operativa y riesgo ambiental. Tras convalidar la formulación de cargos y de fijar el plazo de investigación de cuatro meses, el juez Piana avaló las medidas cautelares solicitadas por el fiscal del caso: prohibición de cometer actos de turbación sobre los caminos para los tres imputados y prohibición de contacto por cualquier medio y de cometer conductas de amedrentamiento en contra de personal de la empresa Shell y sus contratistas.