Cuenca Marina Austral 0

El área de explotación Carina-Fénix-Orión forma parte de la concesión CMA-1 (Concesión Marítima Austral 1) ubicada mar adentro frente a la costa de Tierra del Fuego, y es operada por Total Austral desde 1978. En abril de 2022, el gobierno nacional prorrogó por diez años a partir de mayo de 2031 la concesión de las áreas offshore que explotan en consorcio las empresas Total Austral, Pan American Energy y Wintershall DEA. En compañía con esto, aprobó inversiones de 700 millones de dólares destinadas a obras. Respecto a la concesión CMA-1, este es el principal desarrollo offshore del país, con una producción superior a los 22 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) del fluido, según datos del IAPG. Por su parte, esta concesión se encuentra integrada por el Proyecto Fénix; el cual consistió en la construcción e instalación de una plataforma gasífera que conecta tres pozos productores de gas natural a 60km de la línea de costa de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en una profundidad de agua de 70 metros. La producción de Fénix es transportada a través de la extensión de un gasoducto de 36,5km, el cual se conecta a la plataforma costa afuera Vega Pléyade. Allí el gas es procesado y acondicionado en las plantas de tratamiento en Río Cullen y Cañadón Alfa, para luego ingresar al gasoducto San Martín. El objetivo principal de este proyecto es el aumento del aprovisionamiento y la disponibilidad de gas para la Argentina.

En materia ambiental, la regulación provincial de Tierra del Fuego se sustenta principalmente en la Ley Provincial N° 55/92, que establece los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencias Públicas (Capítulos IX, X y XII), además de disposiciones sobre calidad del aire y emisiones, contaminación del agua y control de efluentes. El marco se complementa con la Ley N° 105/93 sobre residuos peligrosos y la Resolución SPCyT N° 198/94, que crea el Registro de Residuos Petroleros; la Resolución N° 320/12, que regula la gestión de residuos peligrosos en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos; y la Resolución N° 225/15, que establece el Registro Provincial de Incidentes Ambientales en áreas hidrocarburíferas. Asimismo, la Ley N° 1.126/16 establece el marco para la gestión integral de los recursos hídricos provinciales.

A febrero de 2026, la empresa presenta una posición financiera sólida en el sistema bancario local, con un endeudamiento total de aproximadamente $399,1 millones. La deuda se encuentra altamente concentrada en American Express, que representa el 97% del total, equivalente a $389,0 millones, mientras que BBVA S.A. concentra aproximadamente el 3% restante, por $10,0 millones. Por su parte, Banco Galicia mantiene una exposición marginal, con un saldo de apenas $60 mil.

Asimismo, se observa una marcada reducción del endeudamiento financiero durante los últimos dos años. En abril de 2024, la deuda registrada en el sistema financiero superaba los $60.872 millones, mientras que a febrero de 2026 se ubica en torno a $399 millones, lo que evidencia un significativo proceso de desapalancamiento y una posición de endeudamiento actualmente muy acotada. Fuente consultada www.fixscr.com

Sí

Los siguientes riesgos son transversales a una parte significativa de los yacimientos de la Cuenca Austral, tanto por las características propias de la actividad hidrocarburífera como por la sensibilidad ambiental de los ecosistemas patagónicos y subantárticos. Entre los principales riesgos se encuentran los derrames de hidrocarburos, que cuentan con antecedentes documentados en la región. En 2019 se registró un derrame de aproximadamente 200 litros de crudo en la terminal Cruz del Sur de YPF, ubicada en la Bahía San Sebastián, con una extensión aproximada de 50 metros. Asimismo, en noviembre de 2024 se produjo un derrame estimado entre 10 y 15 m³ en el yacimiento Cullen Sur, operado por Total Austral. Estos antecedentes evidencian la existencia de riesgos ambientales asociados a incidentes operativos, particularmente relevantes en zonas costeras y marinas de elevada sensibilidad.

En los bloques offshore se suma el impacto acústico sobre la fauna marina, derivado principalmente de las operaciones de exploración sísmica, que generan niveles elevados de ruido submarino capaces de alterar el comportamiento y desplazamiento de distintas especies, entre ellas ballenas, orcas, pingüinos y peces. Asimismo, la actividad hidrocarburífera puede generar pasivos ambientales vinculados con la acumulación de lodos y residuos contaminados con hidrocarburos, piletas deficientemente saneadas y suelos afectados por derrames o filtraciones. A ello se agrega el riesgo de contaminación de recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, como consecuencia de derrames, filtraciones de hidrocarburos y una gestión inadecuada de efluentes y residuos.

Finalmente, la actividad hidrocarburífera puede generar conflictos laborales y sociales, asociados a reclamos por condiciones de trabajo, niveles de empleo y participación de trabajadores y proveedores locales, especialmente en contextos de reducción o reestructuración de las operaciones. En términos ambientales, estos riesgos se complementan con una potencial afectación de la biodiversidad terrestre y marina, debido a la alteración de hábitats, perturbación de especies y fragmentación de ecosistemas, particularmente relevantes en una región caracterizada por ambientes patagónicos y subantárticos de elevada sensibilidad ecológica.

En septiembre de 2003, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el caso “Total Austral S.A. c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/ acción declarativa”, relacionado con el alcance de la jurisdicción provincial sobre yacimientos de hidrocarburos ubicados en el mar territorial frente a la Isla Grande de Tierra del Fuego.

El litigio se originó a partir de la pretensión de la Provincia de Tierra del Fuego de ejercer potestad tributaria sobre actividades desarrolladas en yacimientos offshore situados más allá de las tres millas marinas contadas desde las líneas de base establecidas por la Ley 23.968. En particular, la Dirección General de Rentas provincial había determinado de oficio diferencias en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondientes a períodos fiscales de 1991 a enero de 1994, considerando que la provincia tenía jurisdicción sobre los espacios marítimos donde se encontraba el yacimiento Hidra, ubicado aproximadamente a siete millas de la costa.

Total Austral cuestionó dicha pretensión y promovió una acción declarativa ante la Corte, solicitando que se determinara el alcance de la jurisdicción provincial sobre los yacimientos offshore y que se declarara la inconstitucionalidad de determinadas disposiciones de la Constitución provincial que, según sostuvo, extendían el territorio de Tierra del Fuego más allá de los límites establecidos por la legislación federal.

En su sentencia del 8 de septiembre de 2003, la Corte Suprema hizo lugar parcialmente a la demanda y declaró improcedente la pretensión fiscal de la Provincia sobre los yacimientos de hidrocarburos situados en el mar territorial fuera de la franja de tres millas marinas, respecto de los períodos tributarios involucrados. Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del artículo 81 de la Constitución provincial. De este modo, el fallo constituyó un antecedente relevante respecto de la delimitación de las competencias provinciales y nacionales sobre los espacios marítimos y la actividad hidrocarburífera offshore.

1 de agosto de 2023. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó una demanda judicial solicitando el dictado de una medida cautelar que impidiera a las autoridades nacionales otorgar autorización o prestar conformidad para la realización de actividades de exploración sísmica marina y/o explotación de hidrocarburos offshore, hasta tanto se llevara a cabo una adecuada evaluación de impacto ambiental (EIA) y una evaluación ambiental estratégica (EAE). La organización cuestionó la suficiencia de las evaluaciones ambientales realizadas hasta ese momento y sostuvo que no contemplaban de manera adecuada los potenciales impactos acumulativos de estas actividades.