KM. 20

El yacimiento Km. 20 (también referenciado en documentación como KM 20 o Kilómetro 20) es un activo maduro convencional perteneciente al portafolio de CAPSA en Chubut. El Km. 20 opera bajo un régimen de explotación derivado del Código Minero Nacional. Este régimen es aplicable a concesiones otorgadas antes de la sanción de la Ley Nacional de Hidrocarburos (pre-1960), caracterizándose originalmente por una alícuota de regalías del 3% y estabilidad fiscal, aunque modernizadas mediante negociaciones con el gobierno provincial.

La historia operativa de Km. 20 ha estado marcada por desafíos ambientales. En enero de 2024, el yacimiento fue noticia por un derrame de hidrocarburos en una línea colectora, que afectó al Barrio Astra de Comodoro Rivadavia. Este incidente activó el protocolo de contingencia provincial y derivó en una exigencia de la Secretaría de Ambiente de Chubut para que la operadora reemplace el ducto completo en lugar de realizar reparaciones parciales.

CAPSA integra Km. 20 dentro de un "circuito cerrado de producción" junto con Diadema y otros bloques menores como Solano y Sindicato, consolidando su posición como la tercera productora de petróleo de la provincia, solo superada por Pan American Energy (PAE) e YPF. La actividad principal en Km. 20 consiste en la explotación de petróleo mediante sistemas de levantamiento artificial, típico de yacimientos maduros de la Cuenca del Golfo San Jorge con alto corte de agua. Las tareas operativas incluyen la reparación de pozos (workovers), el mantenimiento de ductos y las operaciones de tratamiento de fluidos en baterías.

En enero de 2024, CAPSA activó sus protocolos de contingencia en el área para atender un derrame en una "línea colectora", lo que evidencia la presencia de una red activa de transporte de crudo en el área. El objetivo es mantener y maximizar la producción del activo dentro del marco de costos ajustados que permite el régimen del Código Minero, integrando el crudo extraído al circuito de procesamiento de CAPSA para su posterior comercialización, principalmente a Shell.

La actividad hidrocarburífera en Chubut se encuentra regulada principalmente por la Ley XVII N° 102 (Hidrocarburos), modificada por la Ley XVII N° 154/2024, que establece el dominio provincial sobre los yacimientos y regula su exploración, explotación y adjudicación. La normativa se complementa con el Decreto 91/2013 y otras disposiciones vinculadas a la promoción de la actividad. En el caso específico de Pampa del Castillo–La Guitarra, la concesión se rige por los Decretos 318/18 y 512/18 y fue transferida a Capex; el Decreto 556/2024 establece su vencimiento el 1 de noviembre de 2046, mientras que la Resolución CONC. 1649 autorizó la operación de concentración económica vinculada con la adquisición del área. Asimismo, el Decreto 33/2022 incorpora proyectos de recuperación terciaria al régimen de fomento y permite, en determinados casos, reducir las regalías al 6% sobre la producción incremental.

En materia ambiental, resulta aplicable la Ley XI N° 35 (Código Ambiental de Chubut), junto con el Decreto 185/09, que establece el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y audiencia pública. La regulación se complementa con los Decretos 1003/16 y 1005/16 sobre residuos petroleros, el Decreto 1540/16 sobre protección de aguas y aire y vertidos, el Decreto 1151/15 sobre incidentes ambientales y la Resolución 58/2024 sobre emisiones de metano del sector hidrocarburífero. En materia hídrica, son aplicables la Ley XVII N° 53 (Código de Aguas), la Ley XVII N° 88 (Política Hídrica Provincial) y el Decreto 1567/09, que establece el Registro Hidrogeológico Provincial.

No se encontraron en fuentes públicas referencias específicas a los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) del yacimiento Km. 20 disponibles. Actualmente los documentos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) no se encuentran disponibles en la web oficial para consulta pública en línea.

Como ocurre con los activos de CAPSA en Chubut, se presume que los documentos (EsIA, DIA) se presentan ante la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable (SAyCDS) de Chubut. Dada la antigüedad de la concesión (anterior a la normativa ambiental moderna), es probable que la operación se rija por Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) emitidas periódicamente, o que los estudios estén integrados dentro de los informes generales de la operadora.

La reciente fiscalización de 2024 sugiere que la SAyCDS mantiene un control activo sobre el cumplimiento ambiental de CAPSA en esta área, exigiendo remediación inmediata en caso de contingencias.

La operación del yacimiento Km. 20 presenta riesgos socioambientales relevantes, asociados principalmente a la antigüedad de la infraestructura y a su proximidad a zonas urbanizadas. Entre ellos, se destaca el riesgo de derrames derivados de fallas en ductos. El 26 de enero de 2024 se produjo un derrame de hidrocarburos en una línea colectora operada por CAPSA que afectó al barrio Astra. A partir del incidente, la Secretaría de Ambiente de la provincia determinó que, en lugar de reparar únicamente el tramo dañado, debía reemplazarse la totalidad del ducto, con el objetivo de reducir la probabilidad de nuevos incidentes. Este tipo de eventos no solo implica potenciales impactos sobre el suelo y el ambiente, sino que adquiere una dimensión de salud y conflictividad social debido a la cercanía de las instalaciones con áreas residenciales.

La antigüedad de las instalaciones constituye un factor adicional de riesgo, particularmente por la corrosión interna de las cañerías asociada tanto al envejecimiento de la infraestructura como a las características salinas del agua de producción. En este contexto, el incidente de enero de 2024 constituye un antecedente concreto que evidencia la necesidad de mantenimiento y renovación de los ductos. Asimismo, la cercanía del yacimiento al barrio Astra incrementa la exposición a conflictos con la comunidad. Los incidentes operativos pueden afectar directamente a población no vinculada con la actividad hidrocarburífera y generar reclamos vecinales, exposición pública y una mayor presión sobre las autoridades provinciales para reforzar los controles y exigir medidas correctivas a la empresa.

Incumplimiento Ambiental (2024): Si bien el derrame de enero de 2024 no derivó automáticamente en una sanción judicial firme en el momento del informe, la provincia ordenó medidas correctivas estrictas (reemplazo total del ducto) bajo apercibimiento de sanciones. El incidente dejó abierta la posibilidad de sumarios administrativos o sanciones si la empresa no cumple con lo ordenado.

Contexto de Litigios Históricos: En el marco legal de los contratos mineros, históricamente existió un "litigio" fiscal entre el Estado provincial y CAPSA para que esta última pagara regalías más altas. Esto se resolvió por la vía del acuerdo extrajudicial a principios de la década de 2010, sin necesidad de llegar a la Corte.

Gestión del Derrame de 2024 (Impacto Vecinal): A raíz del incidente en el Barrio Astra, el conflicto principal fue la presión de los vecinos y el municipio sobre CAPSA. Si bien la empresa activó el protocolo de contingencia, el funcionario ambiental Juan José Rivera declaró que "si bien sabemos que este tipo de eventualidades son inevitables, es importante seguir trabajando... para minimizar los riesgos”. Esto refleja una situación de conflicto no judicializado, pero sí gestionado a nivel administrativo y político, dada la exposición pública del incidente.

Monitoreo Sindical y Gremial: CAPSA mantiene relaciones sindicales complejas en Chubut. Si bien el conflicto más álgido suele darse en Diadema (el activo más grande), Km. 20 está incluido en los acuerdos paritarios del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut. El antecedente de la crisis de Sinopec en Bella Vista genera una alerta general en el sindicato sobre la seguridad laboral y ambiental en todos los yacimientos.

Relación con la Comuna: Existe un reclamo histórico de las municipalidades de la zona (Comodoro Rivadavia) sobre las petroleras por la contaminación de ductos en zonas urbanas. El incidente de Km. 20 tensó esta relación, llevando al gobierno provincial a intervenir directamente para ordenar el reemplazo del ducto.