Koluel Kaike - El Valle

El yacimiento Koluel Kaike – El Valle es un área hidrocarburífera madura ubicada en el flanco sur de la Cuenca del Golfo San Jorge, Departamento Deseado, provincia de Santa Cruz. Hasta 2024 fue operada por Pan American Energy (PAE), que la cedió — junto con el área vecina Piedra Clavada — a Crown Point Energía S.A., subsidiaria argentina de la canadiense Crown Point Energy Inc. (TSX-V: CWV).

La cesión, aprobada por las autoridades provinciales en octubre de 2024, incluyó un compromiso de inversión de Crown Point de USD 41,5 millones hasta 2026, ampliable a USD 90,8 millones mediante un programa de perforación contingente de diez pozos adicionales, con nuevos compromisos declarados desde 2027 en adelante.

El proyecto se enmarca en el proceso de reconfiguración del mapa petrolero de Santa Cruz tras la salida progresiva de YPF de las áreas convencionales de la cuenca, un escenario que combina oportunidades de reactivación productiva y de empleo con riesgos relevantes: pasivos ambientales heredados en áreas maduras, tensiones gremiales por condiciones laborales de contratistas, hallazgos de incumplimientos ambientales detectados por fiscalizaciones provinciales, y señales de fragilidad financiera de la operadora reportadas por prensa especializada durante 2025. Koluel Kaike – El Valle es un yacimiento en producción, con un nivel de extracción reportado de aproximadamente 3.500 barriles de petróleo por día (trimestre de 2023).

Objetivo general es sostener y revitalizar la producción de petróleo y gas de un área madura, mediante:

• Perforación de pozos de desarrollo: un programa contingente de diez pozos adicionales, dentro del compromiso de inversión de hasta USD 90,8 millones hasta 2026.

• Intervención y reacondicionamiento de pozos existentes, incluyendo pozos previamente inactivos.

• Actividades de recuperación secundaria de hidrocarburos, reguladas específicamente por normativa provincial (Disposición SMA sobre Recuperación Secundaria de Hidrocarburos).

• Gestión de infraestructura de superficie asociada (locaciones, ductos internos, plantas de tratamiento) heredada de la operación de PAE.

• Compromisos de inversión adicionales desde 2027, por unos USD 20 millones y seis pozos nuevos, con un plan complementario que podría sumar otros USD 20 millones y seis pozos más.

La operación se inscribe en la estrategia más amplia de Crown Point de consolidar una cartera de activos productivos en Argentina, que incluye además las áreas Piedra Clavada (Santa Cruz). A nivel provincial, el gobierno de Santa Cruz ha promovido activamente estos traspasos como parte de un esquema de sostenimiento del empleo petrolero y de la producción ante el retiro gradual de YPF de los yacimientos convencionales, incluyendo compromisos de perforación de nuevos pozos por parte de Crown Point y otras operadoras (CGC, Quintana Energy) en 2026.

En la Provincia de Santa Cruz, la actividad hidrocarburífera se encuentra regulada por el marco nacional establecido por la Ley N.º 17.319 de Hidrocarburos, sus modificaciones, entre ellas la Ley N.º 27.007, y la Ley de Bases N.º 27.742. A nivel provincial, resulta aplicable la normativa específica de hidrocarburos de Santa Cruz, que regula las actividades dentro de la jurisdicción provincial. En materia ambiental, las operaciones deben cumplir con los presupuestos mínimos establecidos por la Ley N.º 25.675 de Política Ambiental Nacional, junto con la normativa ambiental provincial correspondiente.

No se localizó, en portales oficiales de acceso público (Boletín Oficial de Santa Cruz, sitio web del Gobierno de Santa Cruz, ni el sitio de la Secretaría de Ambiente provincial), un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) o Declaración de Impacto Ambiental (DIA) específico y publicado para el proyecto de desarrollo actual de Crown Point Energía en Koluel Kaike – El Valle.

Las intervenciones de fiscalización reportadas en 2025 sugieren que la autoridad ambiental provincial cuenta con expedientes de seguimiento activos sobre el área, aunque estos no son de acceso público directo.

Al tratarse de un yacimiento maduro con más de un siglo de actividad extractiva en la región (explotación petrolera desde inicios del siglo XX), existe un riesgo estructural de pasivos ambientales previos a la operación de Crown Point: suelos con hidrocarburos residuales, chatarra e instalaciones en desuso, y locaciones sin remediar. Fiscalizaciones provinciales realizadas en 2025 identificaron efectivamente sectores con materiales contaminados y chatarra sin tratamiento adecuado en locaciones operadas por Crown Point (junto con otras operadoras como CGC), exigiéndose remediación inmediata.

Fiscalización y control ambiental

La Secretaría de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero de Santa Cruz mantiene un programa activo de inspecciones en la Cuenca del Golfo San Jorge. En un operativo reciente se realizaron 54 actuaciones en áreas operadas Crown Point que incluyeron clausuras preventivas por incumplimientos y constataciones formales de seguimiento, lo que indica un nivel de contralor activo, pero también la persistencia de observaciones ambientales sobre las operaciones de la empresa.

Adicionalmente, como en toda operación de extracción y transporte de hidrocarburos en yacimientos maduros, existe riesgo inherente de pérdidas en ductos, piletas y locaciones.

Las condiciones áridas de la meseta patagónica implican baja capacidad de autodepuración del suelo y escasa disponibilidad de agua dulce, lo que incrementa la persistencia de eventuales contaminaciones y la sensibilidad de las actividades de perforación e intervención de pozos que requieren fluidos de perforación y agua de proceso.

Por su parte, un riesgo socioambiental indirecto pero relevante es la situación financiera de Crown Point Energy Inc. Según información publicada en agosto-septiembre de 2025, la compañía reconoció en su balance "incertidumbre para continuar" como empresa en marcha, en un contexto de renuncia de su entonces CEO y de activos y pasivos consolidados de magnitud muy similar. Existe la posibilidad de que la compañía busque su traspaso a otro operador; la debilidad financiera de una operadora incrementa el riesgo de postergación de tareas de remediación y mantenimiento ambiental, un patrón observado en otros casos de la cuenca.

No se registran en fuentes públicas litigios judiciales de fondo, sean ambientales, contractuales o de regalías, iniciados específicamente contra Crown Point Energía S.A. en relación con el yacimiento Koluel Kaike – El Valle. Sin embargo, sí se identifican elementos de contexto relevantes para el seguimiento del riesgo legal: la cesión del área por parte de PAE incluyó una contraprestación contingente en especie pagadera durante quince años posteriores al cierre, lo que genera una relación contractual de largo plazo entre las partes cuyo eventual incumplimiento podría derivar en disputas futuras; la reversión de áreas de YPF en la provincia (Plan Andes) ha generado litigiosidad y reclamos en otras jurisdicciones patagónicas (p. ej. Tierra del Fuego), lo que configura un clima regional de mayor probabilidad de conflictos contractuales entre operadoras entrantes y salientes que debe monitorearse; la situación financiera de Crown Point Energy Inc. reportada en 2025 aumenta el riesgo de incumplimientos contractuales o de pago que deriven en reclamos legales por parte de proveedores, contratistas o la propia provincia.

Contaminación histórica y pasivos ambientales en Koluel Kaike y Piedra Clavada

Un conflicto socioambiental de larga data, recientemente visibilizado por investigaciones periodísticas, denuncia que las localidades de Koluel Kaike, Piedra Clavada y otras del norte de Santa Cruz se asientan sobre una red de pozos, cañerías y residuos altamente contaminantes heredados de décadas de explotación petrolera. El informe de OPI Santa Cruz (marzo 2025) señala que la infraestructura abandonada y en mal estado, incluyendo ductos corroídos y pozos inyectores con deficiencias, representa un grave riesgo para la salud de la población y los acuíferos de la región. El artículo acusa a las autoridades provinciales y municipales de complicidad y omisión por no haber alertado a la población ni controlado el cumplimiento de la normativa ambiental, como la Disposición 137 SMA de 2007.

Si bien Crown Point es la operadora actual, el conflicto se origina por pasivos heredados, lo que genera incertidumbre sobre su responsabilidad y capacidad de remediación, especialmente en el contexto de su debilidad financiera reportada en 2025. Este conflicto, contribuye a un clima de desconfianza social y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad ambiental y social del proyecto. Conflictividad gremial

El conflicto no judicial más documentado en fuentes públicas es de naturaleza laboral. En enero de 2025, el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER), liderado por Rafael Güechenén, inició una medida de fuerza en los yacimientos Koluel Kaike y Piedra Clavada, denunciando incumplimientos de obligaciones del Convenio Colectivo de Trabajo por parte de empresas de servicios contratistas vinculadas a Crown Point (mencionándose entre ellas a Seave, Rectificaciones, Sodexo, CAM y Petrogreen). La medida buscó forzar el cumplimiento de condiciones laborales pactadas.

Posteriormente, durante 2026, se registraron reuniones de acercamiento entre SIPGER y representantes de Crown Point (vicepresidencia y gerencia general de la compañía) para ordenar prioridades operativas y dar seguimiento a los planes de reactivación de pozos, en un tono de mayor colaboración orientado a sostener el empleo y la actividad en el flanco norte santacruceño.

Percepción pública y mediática

Cierta prensa especializada en energía ha cuestionado públicamente la solidez estratégica y financiera del ingreso de Crown Point a Santa Cruz, señalando la adquisición de áreas maduras como una decisión con resultados dispares y trazando paralelismos con otros casos de operadoras medianas en dificultades financieras en la cuenca. Este tipo de cobertura, aunque no constituye un conflicto socioambiental en sentido estricto, contribuye a la percepción de riesgo sobre la continuidad de las operaciones y sobre la capacidad de la empresa de sostener sus compromisos ambientales y laborales de largo plazo.