Las Violetas

Las Violetas es el yacimiento más extenso de los tres que opera ROCH S.A. en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Forma parte de la Cuenca Austral, con una superficie concesionada de 1.210,57 km². Junto con Río Cullen (353,8 km²) y Angostura (417,6 km²) integra la UTE Río Cullen–Las Violetas–Angostura (UTE RCLV), operada por ROCH S.A. desde hace más de 30 años, con socios: Petrolera El Trébol SA, Desarrollos Petroleros y Ganaderos SA, Crown Point Energía SA, St. Patrick Oil & Gas SA y Secra SA (ROCH tiene ~27,33% de participación según su propio sitio).

Datos productivos : aproximadamente 68 m³/día de producción bruta, 44,6 m³/día de petróleo (33-60° API), 288.400 m³/día de gas, 167 Tn/mes de GLP, con 167 pozos productivos — es, por lejos, el yacimiento con más pozos de los tres. Cuenta con una unidad turboexpansora (instalada históricamente por ROCH, la cuarta de Argentina) para obtener propano y butano del gas producido. También hay antecedentes de que en la zona se descubrió el yacimiento San Martín (crudo liviano en formación Tobífera, tipo "Medanito"), que en su momento marcó récord de productividad por pozo en el país.

Actualmente, ROCH está en pleno proceso de retirada parcial/total de Tierra del Fuego. En octubre de 2025 no solicitó la prórroga de la concesión (que vence en agosto de 2026) dentro del plazo reglamentario, y en octubre-noviembre de 2025 formalizó ante la Secretaría de Hidrocarburos provincial la devolución de un 44,29% de la superficie de Las Violetas (536,28 km² sobre 1.210,57 km²), junto con reversiones parciales en Río Cullen y Angostura. El gobierno provincial (Ministerio de Energía, a cargo de Gabriela Castillo) no acepta la reversión como automática y sostiene que la UTE sigue siendo plenamente responsable de cánones, mantenimiento y remediación ambiental hasta que se complete el trámite. ROCH, por su parte, desmiente una salida total y dice que reordena su cartera para concentrarse en Santa Cruz (donde adquirió nuevas áreas vía Proyectos SAU).

En materia ambiental, la regulación provincial de Tierra del Fuego se sustenta principalmente en la Ley Provincial N° 55/92, que establece los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencias Públicas (Capítulos IX, X y XII), además de disposiciones sobre calidad del aire y emisiones, contaminación del agua y control de efluentes. El marco se complementa con la Ley N° 105/93 sobre residuos peligrosos y la Resolución SPCyT N° 198/94, que crea el Registro de Residuos Petroleros; la Resolución N° 320/12, que regula la gestión de residuos peligrosos en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos; y la Resolución N° 225/15, que establece el Registro Provincial de Incidentes Ambientales en áreas hidrocarburíferas. Asimismo, la Ley N° 1.126/16 establece el marco para la gestión integral de los recursos hídricos provinciales.

Roch S.A. financia su operación casi exclusivamente con deuda, en un contexto donde su negocio propio no genera caja suficiente para sostenerla. A marzo de 2026, la deuda financiera total ascendía a USD 17,6 MM, con la siguiente composición por acreedor: 55% corresponde a la ON Clase 1, 21% a entidades bancarias, y el 24% restante a accionistas y tenedores de Obligaciones Negociables Privadas — es decir, casi un cuarto del pasivo financiero está en manos del propio grupo de control, que ha debido sostener financieramente a la compañía.

El instrumento central es la ON Clase 1, emitida en julio de 2022 por hasta USD 20 millones (ampliable a USD 40 MM), con vencimiento en septiembre de 2027. Nació ya como parte de una reestructuración: se integró mediante el canje de las anteriores ON Clase 4 y Clase 5. Devenga una tasa del 6,5% anual hasta marzo de 2023 y 7% desde entonces, y está garantizada por un fideicomiso que cede el 100% de los derechos a cobrar de la compañía. El 14 de mayo de 2026, Roch emitió ON Clase 1 Adicionales por USD 336.516 para acreedores que verificaron tardíamente en el concurso, realizando simultáneamente un pago inicial de USD 205.533, con lo cual el monto total en circulación llegó a USD 9,2 MM.

En julio de 2024 la compañía alcanzó una reestructuración de deuda con sus acreedores, difiriendo pagos de capital hasta diciembre de 2025 y renegociando la tasa de interés. Como parte del consentimiento, cedió el 50% de las sumas que eventualmente cobre por su reclamo contra el Estado Nacional (Programa Petróleo Plus, USD 5 MM) — un activo contingente relevante para su perfil de repago futuro.

Perfil de vencimientos y liquidez: el 62% de la deuda es de corto plazo (USD 11,0 MM), una proporción alta que tensiona la refinanciación. La caja disponible (USD 3,8 MM) está casi totalmente comprometida: unos USD 3,6 MM están depositados en un fondo común de inversión afectado al mecanismo de garantía y pago de la ON Clase 1, por lo que la liquidez de libre disponibilidad es prácticamente nula. El financiamiento no proviene de flujo propio, sino de terceros: dado que el EBITDA es negativo (no cubre ni los intereses).

No se encuentra disponible

Los siguientes riesgos son transversales a una parte significativa de los yacimientos de la Cuenca Austral, tanto por las características propias de la actividad hidrocarburífera como por la sensibilidad ambiental de los ecosistemas patagónicos y subantárticos. Entre los principales riesgos se encuentran los derrames de hidrocarburos, que cuentan con antecedentes documentados en la región. En 2019 se registró un derrame de aproximadamente 200 litros de crudo en la terminal Cruz del Sur de YPF, ubicada en la Bahía San Sebastián, con una extensión aproximada de 50 metros. Asimismo, en noviembre de 2024 se produjo un derrame estimado entre 10 y 15 m³ en el yacimiento Cullen Sur, operado por Total Austral. Estos antecedentes evidencian la existencia de riesgos ambientales asociados a incidentes operativos, particularmente relevantes en zonas costeras y marinas de elevada sensibilidad.

En los bloques offshore se suma el impacto acústico sobre la fauna marina, derivado principalmente de las operaciones de exploración sísmica, que generan niveles elevados de ruido submarino capaces de alterar el comportamiento y desplazamiento de distintas especies, entre ellas ballenas, orcas, pingüinos y peces. Asimismo, la actividad hidrocarburífera puede generar pasivos ambientales vinculados con la acumulación de lodos y residuos contaminados con hidrocarburos, piletas deficientemente saneadas y suelos afectados por derrames o filtraciones. A ello se agrega el riesgo de contaminación de recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, como consecuencia de derrames, filtraciones de hidrocarburos y una gestión inadecuada de efluentes y residuos.

Finalmente, la actividad hidrocarburífera puede generar conflictos laborales y sociales, asociados a reclamos por condiciones de trabajo, niveles de empleo y participación de trabajadores y proveedores locales, especialmente en contextos de reducción o reestructuración de las operaciones. En términos ambientales, estos riesgos se complementan con una potencial afectación de la biodiversidad terrestre y marina, debido a la alteración de hábitats, perturbación de especies y fragmentación de ecosistemas, particularmente relevantes en una región caracterizada por ambientes patagónicos y subantárticos de elevada sensibilidad ecológica.

Se aplicó una multa de la Secretaría de Energía de la Nación (2006) a ROCH S.A., como titular de la concesión de Las Violetas, de $43.500 por incumplimiento de obligaciones derivadas de la Resolución SE N° 319/1993 (modificada por Res. SE N° 2057/2005) — antecedente administrativo-sancionatorio antiguo, de magnitud menor.

También se registra un conflicto administrativo activo por la reversión de áreas (2025-2026). El gobierno de Tierra del Fuego exige a ROCH informes técnicos sobre pasivos ambientales y auditorías de integridad mecánica de pozos e instalaciones como condición previa a aceptar cualquier devolución de superficie — y ROCH avanzó unilateralmente con la devolución sin esa aprobación expresa, lo que generó una controversia formal (resolución del Ministerio de Energía reafirmando que la UTE sigue siendo responsable). Si bien no es un litigio judicial todavía, es un conflicto administrativo con riesgo de derivar en uno si no se resuelve.

Incertidumbre sobre el "pasivo ambiental huérfano", dado que si la concesión caduca sin un plan de transición claro, los pasivos ambientales (pozos abandonados, daños existentes) podrían quedar sin responsable identificado, transfiriendo el problema al Estado provincial. Por otra parte, hay preocupación sindical por pérdida de empleo: los sindicatos de petróleo y gas privado de Tierra del Fuego expresaron alarma pública por el riesgo de pérdida de empleos directos e indirectos ante una eventual salida de ROCH — conflicto social/laboral, canalizado por ahora vía declaraciones públicas, no por medidas de fuerza formales que haya encontrado documentadas para este caso puntual (a diferencia del paro que sí hubo en Santa Cruz).