Lindero Atravesado

Lindero Atravesado es un bloque ubicado en la provincia de Neuquén, en las cercanías de los lagos Mari Menuco y Pellegrini. Inicialmente, fue un desarrollo muy exitoso de tight gas (gas de arenas compactas), pero en los últimos años PAE reorientó su estrategia hacia la explotación de shale oil (petróleo no convencional). El proyecto contempla la perforación masiva de pozos horizontales multifrac (con objetivos de más de 40 pozos en etapas de desarrollo); y la infraestructura de superficie mayor, incluyendo una Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) y baterías de separación primaria con capacidad para procesar miles de metros cúbicos de petróleo, gas y agua asociados por día. Esta nueva planta permitiría poner en valor las reservas de petróleo no convencional, lo que permitiría apuntalar el crecimiento de PAE. Cambiar la matriz productiva del yacimiento migrando del gas hacia el petróleo no convencional, maximizando el rendimiento del bloque; y expandir el procesamiento de fluidos mediante nueva infraestructura de punta. En marzo de 2025, la concesión de Lindero Atravesado se convirtió en la primera en recibir una prórroga de diez años en Vaca Muerta. La inversión realizada por PAE e YPF superó los compromisos asumidos, lo que permite garantizar la continuidad operativa del bloque y la estabilidad jurídica del proyecto.

El marco hidrocarburífero de Neuquén establece que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen al patrimonio provincial y que el Poder Ejecutivo tiene facultades sobre el otorgamiento de permisos y concesiones. La Ley Provincial 2453/04 regula la exploración, explotación, transporte e industrialización de hidrocarburos, estableciendo los principales regímenes de permisos y concesiones, sus plazos, obligaciones de inversión, cánones y una regalía general del 12% sobre la producción en boca de pozo, reducible en determinados casos. La aplicación de este régimen corresponde a la autoridad provincial competente en materia energética. El Decreto 2183/2021 reafirma estas competencias y establece al Ministerio de Energía y Recursos Naturales como autoridad de aplicación y fiscalización de la actividad.

En materia de emisiones atmosféricas, la Ley 2175/96 establece límites para las emisiones de gases de la actividad hidrocarburífera, obligaciones de declaración y un régimen de tasas y sanciones por contaminación. El Decreto 29/2001 reglamenta esta ley y establece requisitos técnicos de medición y registro de los gases emitidos, así como excepciones específicas y transitorias al venteo cuando existan razones técnicas o económicas debidamente justificadas. Los operadores deben contar con sistemas de medición y conservar los registros a disposición de la autoridad de aplicación.

Para la explotación de reservorios no convencionales, el Decreto 1483/2012, incorporado a la reglamentación de la Ley Ambiental 1875, establece requisitos específicos para prevenir y mitigar impactos ambientales asociados a la estimulación hidráulica. Exige una licencia ambiental previa y documentación sobre el uso y tratamiento de los fluidos de estimulación y del agua de retorno (flowback). Asimismo, restringe el uso de aguas subterráneas aptas para consumo o riego, prohíbe el vertido o almacenamiento a cielo abierto del flowback, exige su tratamiento y establece medidas para reducir impactos sobre el suelo, el agua, el ruido y el uso del territorio. Los operadores también deben realizar controles fisicoquímicos del agua de retorno y presentar periódicamente su planificación de perforaciones.

Esta empresa cuenta con un mix de financiamiento para financiar planes de inversión, adquisición de activos para refinación, capital de trabajo o repago de deuda de corto plazo. Aunque no se logra diferencia por yacimiento. En este sentido, se destaca que a 2025, la principal fuente de financiamiento eran flujos propios (por casi el 65%) mientras que el restante 35% estaba conformado por deudas financieras (Oblogaciones Negociables y préstamos bancarios). Asimismo, Pan American Energy S.L. garantiza la totalidad de la deuda internacional (USD 640 millones en ON y USD 250 millones en préstamos) y el nuevo crédito sindicado de 2025. En 2025, la empresa emitió ON locales por USD 446,4 millones y firmó un préstamo sindicado con ICBC y Bank of China por USD 250 millones (ampliables a USD 300 millones) con vencimiento en 2030. Los préstamos bancarios ascienden a USD 2.039 millones. Esta cifra representa aproximadamente el 48,8% de la deuda financiera total de la sucursal argentina, la cual suma USD 4.173 millones.

Si, se encuentra disponible:

La explotación no convencional de hidrocarburos en Vaca Muerta mediante fractura hidráulica (fracking) presenta diversos riesgos socioambientales asociados al elevado consumo de agua, la integridad de los pozos, la gestión de residuos y sustancias químicas y la transformación del territorio. Entre los principales impactos potenciales se encuentran la presión sobre los recursos hídricos y el riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas por derrames, fallas en la integridad de los pozos o una gestión inadecuada del *flowback* y del agua de producción. La actividad también genera grandes volúmenes de lodos y recortes de perforación que requieren tratamiento y disposición adecuados. A ello se suman emisiones atmosféricas y de gases de efecto invernadero, remoción de vegetación, compactación y erosión de suelos y una creciente ocupación territorial asociada a pozos, caminos, ductos e infraestructura de apoyo. Asimismo, la inyección de fluidos y la disposición de aguas residuales pueden contribuir a la ocurrencia de sismicidad inducida, fenómeno que ha adquirido particular relevancia en localidades como Sauzal Bonito.

En el plano social, la expansión de Vaca Muerta ha generado tensiones vinculadas con el uso y ocupación del territorio, particularmente en áreas donde existen comunidades mapuches y otros actores locales, en el marco de reclamos por la realización de procesos de consulta previa, libre e informada. También se han señalado posibles efectos sobre la salud de las poblaciones expuestas a emisiones, sustancias químicas y contaminación ambiental, aunque la falta de estudios epidemiológicos sistemáticos limita la posibilidad de establecer relaciones causales y dimensionar estos impactos con precisión. El rápido crecimiento de la actividad hidrocarburífera ha ejercido, además, presión sobre las economías y los servicios locales: en localidades como Añelo se registran aumentos del costo de vida, déficit habitacional y sobrecarga de los sistemas de salud, educación, agua y saneamiento, junto con un fuerte incremento del tránsito pesado y el consecuente deterioro de rutas e infraestructura. Estos procesos pueden profundizar las desigualdades entre trabajadores vinculados al sector y el resto de la población local y generar nuevas situaciones de conflictividad territorial y social.

En el área Lindero Atravesado (Neuquén) se han registrado diversos conflictos vinculados con la actividad hidrocarburífera. En 2013, Pan American Energy (PAE) recurrió a la Justicia para garantizar el acceso y la operación de un pozo de gas que coincidía con un emprendimiento inmobiliario, argumentando que la actividad hidrocarburífera era preexistente al desarrollo. Ese mismo año, la Justicia allanó el yacimiento ante una denuncia por presunta contaminación ambiental presentada por propietarios de tierras dentro del área de concesión. En 2019, además, se registró un incidente en una línea subterránea, cuyo tramo fue posteriormente reemplazado y declarado saneado por la autoridad ambiental; sin embargo, en 2023 se presentó una nueva denuncia por presunta contaminación en el mismo sector. La causa fue archivada en dos oportunidades, aunque en 2025 un juez dispuso mantenerla en pausa hasta contar con un muestreo de las napas de agua.

Más recientemente, en octubre de 2025, la Confederación Mapuche de Neuquén denunció una fuga de hidrocarburos asociada a la explosión de un ducto de PAE en las inmediaciones del lago Mari Menuco, señalando posibles impactos sobre el agua y las comunidades cercanas, así como cuestionamientos a la expansión del fracking en la zona y a la falta de consulta previa. Estos antecedentes se enmarcan en una conflictividad más amplia en torno a la actividad hidrocarburífera de la Cuenca Neuquina. En este sentido, la Corte Suprema rechazó una demanda ambiental presentada por ASSUPA contra distintas empresas petroleras, al considerar que no se había acreditado un daño ambiental concreto y que la demanda formulaba cuestionamientos generales sin identificar áreas afectadas ni mecanismos específicos de contaminación.

En enero de 2015, se produjo un derrame de aproximadamente 20 m³ de crudo y gasolina en el yacimiento Lindero Atravesado, provocado por la rotura accidental de un oleoducto durante trabajos con una retroexcavadora de la contratista Sima S.A. El incidente derivó en la interrupción de las actividades en las instalaciones y generó además denuncias de superficiarios por la presunta muerte de animales en piletas de decantación de lodos de perforación. La empresa atribuyó el accidente a la escasa profundidad a la que se encontraba el ducto.

En octubre de 2025, se registró un nuevo derrame de petróleo y gases por la rotura de un ducto interno en las inmediaciones del lago Mari Menuco. Según análisis de imágenes satelitales, el área afectada habría alcanzado aproximadamente 50.000 m², a unos 930 metros de la costa y 6,5 km de la bocatoma que abastece de agua a importantes centros urbanos de la región. El incidente generó preocupación por sus posibles efectos sobre el abastecimiento de agua potable y el sistema de riego del Alto Valle, dada la conexión de la zona con la cuenca hídrica regional.