Loma Guadalosa

El área Loma Guadalosa cuenta con una superficie de 101km2 y se ubica en el sector este de la Cuenca Neuquina, aproximadamente a 60 kilómetros al norte de la ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro. En sus inicios, el yacimiento operaba como un bloque de producción convencional; en cambio, en la actualidad la provincia autorizó la reconversión del área a un proyecto no convencional. Dicha concesión sin precedentes se encuentra a cargo de Pan American Energy, socio mayoritario y operador del área, y de Tango Energy Argentina. Las compañías prevén invertir 36 millones de dólares en un plan piloto de 2 pozos horizontales de 3000 metros de rama lateral, en el cual se evaluará y delineara el potencial del área durante un plazo de 3 años. El primero de estos pozos esta previsto que se perfore en 2026; en función a los resultados obtenidos, se podría avanzar con un plan de desarrollo de hasta 44 pozos horizontales adicionales.

El marco regulatorio hidrocarburífero de Río Negro reconoce el dominio provincial sobre los yacimientos y otorga al Poder Ejecutivo amplias facultades para otorgar, prorrogar y fiscalizar permisos y concesiones. La normativa busca promover la producción y la recuperación de pozos de baja productividad e inactivos, al tiempo que establece condiciones para la prórroga de concesiones, incluyendo inversiones, aportes económicos, un mínimo del 80% de mano de obra y proveedores locales y compromisos de desarrollo comunitario. Asimismo, la Ley N.º 3829 establece obligaciones de abastecimiento de petróleo y gas a empresas elaboradoras de derivados, mientras que la Ley N.º 5594 y el Decreto N.º 563/2025 regulan y fortalecen el control provincial sobre el transporte de hidrocarburos por ductos y su infraestructura asociada, mediante requisitos técnicos, planes de integridad, inspecciones, reportes de incidentes y pagos por desarrollo territorial y fiscalización.

En materia ambiental, la regulación establece obligaciones específicas de prevención, control y remediación. La Ley N.º 4682 crea un Plan de Remediación Ambiental para atender pasivos y daños derivados de la actividad hidrocarburífera, cuya ejecución y financiamiento corresponden a las empresas operadoras, e incorpora mecanismos de denuncia ciudadana. Por su parte, el Decreto N.º 462/2005 clasifica la actividad como de “alto riesgo presunto”, exige la inscripción en un registro ambiental, la presentación de estudios de impacto ambiental y el reporte de incidentes. En conjunto, el régimen combina promoción de la producción y desarrollo local con obligaciones de gestión ambiental, seguridad, remediación y fiscalización, con sanciones que pueden incluir multas y la caducidad de concesiones ante incumplimientos graves o reiterados.

En agosto de 2025, La petrolera Aconcagua Energía paso a manos de Tango Energy, quien adquirió el 93% de su capital y de su subsidiaria Aconcagua Energía Servicios, convirtiéndose así en accionista controlante. El ingreso de Tango Energy como acciones llega luego de que la petrolera reconociera públicamente una deuda cercana a los $447.604 millones, lo que representaba el 99% de su activo total y equivale a casi 17 veces su patrimonio neto.

La explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta mediante la técnica de fractura hidráulica o fracking conlleva una serie de riesgos socioambientales significativos que han sido sistemáticamente subestimados por empresas y gobiernos.

1. Riesgos e impactos ambientales:

- Afectación del recurso hídrico: el fracking requiere volúmenes masivos de agua dulce; entre 2010 y 2020 se consumieron más de 23.000 millones de litros en la región. Existe un riesgo crítico de contaminación de acuíferos por la migración de fluidos, fallas en la integridad de los pozos o el manejo deficiente del flowback, que contiene aditivos químicos tóxicos y, en ocasiones, elementos radioactivos del subsuelo.

- Sismicidad inducida: la inyección de fluidos a alta presión en el subsuelo puede activar fallas geológicas, provocando movimientos sísmicos en zonas donde antes no se percibían. Localidades como Sauzal Bonito han registrado sismos de magnitud 4.2, ocasionando daños estructurales en viviendas.

- Gestión de residuos peligrosos: la actividad genera grandes cantidades de lodo y recortes de perforación. El sistema de tratamiento ha colapsado en varias ocasiones, resultadonde en la acumulación de cientos de miles de toneladas de residuos sin tratar a la interperie, lo que representa un foco de contaminación.

- Contaminación del aire y suelo: las emisiones de gases de efectos invernaderos del proyecto podrían representar entre el 57% y 67% de las emisiones nacionales permitidas para Argentina en 2030. Además, la eliminación de vegetación para las locaciones provoca erosión, pérdida de fertilidad del suelo y voladuras de polvo que afectan la calidad del aire.

2. Riesgos e impactos sociales:

- Impactos en la salud: se han evidenciado enfermedades respiratorias, afecciones en la piel y el sistema nervioso, así como preocupaciones por enfermedades cancerígenas y malformaciones vinculados al contacto prolongado con químicos y agua contaminada. Sin embargo, la falta de estudios epidemiológicos oficiales dificulta una cuantificación precisa.

- Conflictos territoriales y pueblos originarios: el megaproyecto se asienta sobre territorios de comunidades tehuelches y mapuches. Las concesiones suelen otorgarse sin los procesos de consulta previa, libre e informada exigidos por normativa internacional, generando tensiones por la ocupación de tierras y la contaminación.

- Alteración de la economía y vida local: se observa un aumento desproporcionado en el costo de vida (inflación local), lo que empobrece a quienes no trabajan en el sector petrolero. Asimismo, el auge de la actividad ha traído problemas socials como el aumento del consumo de alcohol y drogas, prostitución y trata de personas.

- Colapso de infraestructura: el rápido crecimiento poblacional en pueblos como Añelo ha provocado el colapso de servicios básicos (salud, educación, agua potable, cloacas) y un deterioro acelerado de rutas y puentes no diseñados para el tráfico pesado constante.

Fallo histórico sobre la Cuenca Neuquina (ASSUPA):

La Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda ambiental contra empresas que operan en la formación Vaca Muerta, al considerar que durante más de dos décadas de trámite judicial no se acreditó la existencia de un daño ambiental concreto. La causa había sido iniciada en 2003 por parte de la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (Assupa) contra las empresas petroleras YPF, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, TotalEnergies, Pan American Energy y Vista Energy. También participaron como terceros el Estado Nacional y las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Neuquén.

Assupa reclamaba que las empresas realizaban tareas de recomposición ambiental por presuntos daños sobre suelos, aguas superficiales y subterráneas y el aire, además de restaurar áreas afectadas por la actividad hidrocarburífera y constituir un fondo de restauración ambiental previsto en la Ley General de Ambiente.

La sentencia señalo que la ONG formuló cuestionamientos genéricos contra la actividad hidrocarburífera “en cualquiera de sus formas”, sin determinar qué zonas específicas habrían sido afectadas ni cómo se habría producido la contaminación. Los jueces remarcaron además que, a lo largo del proceso, la Corte había advertido en reiteradas ocasiones sobre la “vaguedad e imprecisión” de la demanda.