Los Blancos

El yacimiento Los Blancos se encuentra en la provincia de Salta, en el departamento Rivadavia, en el norte argentino dentro de la región chaqueña. Está ubicado en las cercanías de la localidad homónima, en un territorio con fuerte presencia de comunidades indígenas, especialmente del pueblo wichí. Forma parte de la cuenca del noroeste argentino (NOA) y es considerado el descubrimiento petrolero más relevante de la provincia en los últimos 30 años.

El área correspondía originalmente al bloque exploratorio Chirete y se trata de un yacimiento de tipo convencional. Mediante el Decreto 662/20, el Gobierno de Salta otorgó la concesión exclusiva de explotación del lote “Los Blancos” por un plazo de 25 años (hasta 2045) a las empresas High Luck Group Limited y Pampa Energía S.A., aunque en la actualidad la operación se encuentra a cargo únicamente de High Luck.

La decisión se sustenta en el derecho de los titulares de permisos de exploración a obtener concesiones sobre los yacimientos que descubran y resulten comercialmente explotables. Asimismo, el decreto aprueba el Plan de Inversiones para el desarrollo del área y exige a las empresas la presentación, en un plazo de 15 días, de una garantía de cumplimiento. Esta garantía consiste en un seguro de caución por un monto de USD 6.104.900, equivalente al 10% de la inversión total comprometida, lo que sugiere una inversión estimada de aproximadamente USD 60 millones. San Pedrito Sur no es un proyecto independiente aislado, sino parte de un sistema mayor (Acambuco) operado por PAE, cuyo objetivo es sostener y optimizar la producción de gas en una de las principales áreas gasíferas del norte argentino. Desarrollar y consolidar un nuevo polo productivo de hidrocarburos en el noroeste argentino. Esto implica, por un lado, extraer petróleo convencional y sostener niveles crecientes de producción, y por otro, expandir el desarrollo del reservorio descubierto, invirtiendo en infraestructura (pozos, baterías de almacenamiento, facilidades de producción) y eventualmente ampliando la explotación hacia nuevas áreas dentro del mismo sistema petrolero. Fuentes consultadas: /// ///

El marco normativo ambiental de la provincia de Salta está compuesto por un conjunto amplio de leyes que regulan el uso de los recursos naturales y condicionan directamente el desarrollo de actividades extractivas. En primer lugar, la Ley 7070/99 de Protección del Medio Ambiente constituye la norma central, estableciendo principios como el desarrollo sustentable, el “contaminador-pagador” y la obligación de minimizar impactos, además de regular de manera integral recursos como agua, suelo, biodiversidad, atmósfera y residuos . Dentro de esta ley, se destaca el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Social, que exige la presentación de estudios y certificaciones antes de autorizar proyectos, incluyendo actividades extractivas. A su vez, el Código de Aguas (Ley 7017/99) regula el uso y calidad de los recursos hídricos, un aspecto crítico para industrias como la minería o hidrocarburos, mientras que normas sobre suelos (Ley 5973/82) imponen restricciones para evitar degradación y erosión . En materia de biodiversidad, leyes como la 7543/08 de ordenamiento territorial de bosques nativos, junto con normas sobre fauna y recursos forestales, limitan el avance de actividades sobre ecosistemas protegidos. También existen regulaciones específicas sobre residuos —incluidos los peligrosos— y sustancias químicas, que establecen controles estrictos sobre la gestión de desechos y el uso de insumos contaminantes. Adicionalmente, se cuenta con la Resolución 158/23 que establece los contenidos mínimos para una EIA.

En conjunto, este entramado normativo configura un sistema que, al menos en términos formales, busca compatibilizar la explotación de recursos naturales con la protección ambiental, imponiendo requisitos, controles y posibles restricciones a las actividades extractivas en la provincia. Un punto a destacar con relación al derecho indígena es la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (Ley 26.160). La Ley 26.160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, protegía a las comunidades originarias de desalojos de sus territorios. El presidente Javier Milei decidió derogarlo a través del decreto de necesidad y urgencia. Esta decisión, junto con la disolución del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), configura un escenario de creciente desprotección para los territorios indígenas y campesinos. A más de quince años de la primera sanción de la Ley 7543 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Salta, y con diez años de retraso según lo previsto por la ley nacional, la provincia aprobó la actualización de la normativa. El nuevo mapa, sancionado en diciembre de 2024, habilita la deforestación de 700.000 hectáreas. Las cámaras de Diputados y Senadores debatieron el proyecto y lo aprobaron en menos de diez días (el 19 de diciembre de 2024). El proceso fue ampliamente criticado por su velocidad y falta de participación real de las comunidades afectadas.

High Luck Group Argentina opera unas 1.148.000 hectáreas. Es una empresa privada de capitales chinos dedicada a la extracción de petróleo crudo y gas natural. Tiene dos concesiones ubicadas en Salta: Chirete (50 y 50 con Pampa Energía) y los bloques de exploración Morillo y Tartagal Oriental. Es subsidiaria de New Times Energy Corporation Limited, con sede en la ciudad de Hong Kong, China. La empresa High Luck Group Limited se financia principalmente con capital extranjero, específicamente a través de su estructura corporativa internacional vinculada a inversores de Hong Kong y China. Históricamente, la empresa ha operado como una subsidiaria de New Times Energy Corporation Limited (ahora New Times Corporation Limited), una compañía que cotiza en la Bolsa de Hong Kong. Esto significa que el flujo de fondos para proyectos como Los Blancos proviene mayoritariamente del mercado de capitales asiático y de las reservas propias del grupo. Según sus reportes corporativos de 2024 y 2025, el grupo se caracteriza por una política financiera conservadora, operando con altas reservas de efectivo y sin depender de préstamos bancarios comerciales o deuda institucional externa significativa. A finales de 2025, se produjo un cambio clave en su estructura: La casa matriz anunció la venta del 100% de High Luck Group Limited a la firma Lantau Tomorrow Development Inc. La empresa matriz decidió retirarse del mercado argentino debido a la volatilidad macroeconómica y operativa, buscando reasignar su capital a jurisdicciones más estables (como sus activos en Canadá).

Si hay, pero no disponible. Se destaca que en 2017 se convocó a audiencia pública en Los Blancos para tratar el impacto ambiental y social del proyecto de High Luck, por lo cual existía un informe de EIA presentado.

El desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la zona implica una serie de impactos socioambientales relevantes. En primer lugar, se generan procesos de deforestación y degradación del monte nativo como consecuencia de la apertura de caminos y la instalación de locaciones para los pozos, lo que afecta directamente a los bosques nativos y a la biodiversidad local.

Asimismo, el uso y la gestión del agua constituyen un aspecto crítico: la actividad puede implicar un uso intensivo del recurso hídrico, junto con riesgos de contaminación de napas por derrames de hidrocarburos o por una inadecuada gestión de efluentes.

Otro punto sensible es la generación de residuos peligrosos, como lodos de perforación, restos de hidrocarburos y sustancias químicas, que requieren un tratamiento y disposición adecuados para evitar daños ambientales.

En relación con la calidad del aire, la actividad puede generar emisiones contaminantes, tanto por la quema de gas (flaring) como por emisiones fugitivas durante las distintas etapas de producción.

Finalmente, la infraestructura asociada a la explotación petrolera tiende a fragmentar el territorio, interrumpiendo la continuidad del monte. Esto impacta en la movilidad y en los usos tradicionales del espacio por parte de las comunidades locales, alterando sus formas de vida y relación con el entorno.

A través del Decreto Nº 462 se aborda un conflicto financiero donde la autoridad provincial exige a High Luck Group el pago de regalías adeudadas correspondientes al año 2024. La compañía intentó justificar su falta de pago debido a un embargo preventivo sobre sus cuentas bancarias, pero el gobierno rechazó sus recursos legales. Finalmente, el Estado ratificó la validez de la deuda y exigió el cumplimiento de las obligaciones fiscales para mantener la vigencia de la operación comercial. La empresa está obligada a abonar mensualmente el 12% mensual sobre el producido de los hidrocarburos líquidos extraídos en boca de pozo (Esta obligación está prevista en el artículo Nº 59 de la Ley Nacional de Hidrocarburos Nº 17.319).

El yacimiento se ubica en territorios habitados por comunidades indígenas (principalmente wichí). Hubo reclamos colectivos de al menos 17 comunidades. Las demandas principales son: acceso a servicios básicos (agua, luz, gas) ; participación en beneficios (regalías); mejoras en salud, educación y empleo local ; Las comunidades indígenas exigen servicios básicos en la zona de explotación del crudo a través de medidas de protesta, cortando la ruta nacional 81 entre Salta y Formosa.