Manantiales Behr

Es uno de los bloques convencionales más antiguos y productivos del país (descubierto en 1924). Opera con técnicas de recuperación terciaria (inyección de polímeros) y aporta una parte significativa del crudo provincial. Se trata de un área de casi 1.000 km2, con más de 4.000 pozos perforados. Es un área insignia de la técnica de recuperación terciaria (inyección de polímeros) en Argentina. Hasta enero de 2026 fue operada por YPF, que le traspasó el 100% de la concesión a PECOM (Grupo Pérez Companc). EL bloque concentra cerca del 15% del petróleo extraído en la provincia. El traspaso se inscribe en la estrategia de YPF de concentrar inversión exclusivamente en Vaca Muerta.

La actividad hidrocarburífera en Chubut se encuentra regulada principalmente por la Ley XVII N° 102 (Hidrocarburos), modificada por la Ley XVII N° 154/2024, que establece el dominio provincial sobre los yacimientos y regula su exploración, explotación y adjudicación. La normativa se complementa con el Decreto 91/2013 y otras disposiciones vinculadas a la promoción de la actividad. En el caso específico de Pampa del Castillo–La Guitarra, la concesión se rige por los Decretos 318/18 y 512/18 y fue transferida a Capex; el Decreto 556/2024 establece su vencimiento el 1 de noviembre de 2046, mientras que la Resolución CONC. 1649 autorizó la operación de concentración económica vinculada con la adquisición del área. Asimismo, el Decreto 33/2022 incorpora proyectos de recuperación terciaria al régimen de fomento y permite, en determinados casos, reducir las regalías al 6% sobre la producción incremental.

En materia ambiental, resulta aplicable la Ley XI N° 35 (Código Ambiental de Chubut), junto con el Decreto 185/09, que establece el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y audiencia pública. La regulación se complementa con los Decretos 1003/16 y 1005/16 sobre residuos petroleros, el Decreto 1540/16 sobre protección de aguas y aire y vertidos, el Decreto 1151/15 sobre incidentes ambientales y la Resolución 58/2024 sobre emisiones de metano del sector hidrocarburífero. En materia hídrica, son aplicables la Ley XVII N° 53 (Código de Aguas), la Ley XVII N° 88 (Política Hídrica Provincial) y el Decreto 1567/09, que establece el Registro Hidrogeológico Provincial.

PECOM Servicios Energía S.A.U. cuenta con una estructura de financiamiento diversificada, basada en aportes de capital de su accionista, préstamos bancarios y acceso al mercado de capitales. Entre los principales acreedores bancarios se encuentran Galicia, Santander, ICBC y Bladex, con préstamos destinados principalmente a financiar adquisiciones de activos y refinanciar deuda. En el mercado de capitales, la compañía cuenta con un Programa Global de Obligaciones Negociables de hasta USD 100 millones, bajo el cual emitió las ON Clase I por USD 29,9 millones, al 7,90% y con vencimiento en 2029, y las ON Clase II por USD 30,2 millones, al 7,50% y con vencimiento en 2027. También utiliza pagarés, incluyendo emisiones por USD 20 millones en octubre de 2025 y USD 29 millones en febrero de 2026, adquiridos por Molinos Agro S.A. Como fuente adicional, el accionista Santa Margarita LLC realizó aportes irrevocables de capital y en marzo de 2026 aceptó un nuevo aporte de hasta USD 48 millones. La estructura se complementa con financiamiento intragrupo, leasing y crédito comercial de proveedores.

No están disponibles. Los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) y las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) correspondientes a los nuevos proyectos de inversión (plantas de polímeros, nuevas facilidades y campañas de perforación) son administrados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Chubut (SAyCDS).

Al igual que en el resto de la cuenca, estos documentos y la EIA, siendo de carácter público, no suelen estar disponibles para consulta directa en línea en la web oficial de la provincia. Su acceso requiere un pedido formal de consulta en las oficinas de la Subsecretaría de Gestión Ambiental en Rawson o durante los periodos de audiencia pública si el proyecto lo requiriese.

Fuentes consultadas: SAyCDS Chubut - Consultas y Audiencias Públicas

Beccar Varela - Ley XI N° 85 y su reglamentación

Los yacimientos analizados en la Cuenca del Golfo San Jorge comparten un conjunto de riesgos ambientales y sociales que, en gran medida, responden a características estructurales propias de la región y del tipo de explotación hidrocarburífera desarrollada. En este sentido, dichos riesgos no son exclusivos de un operador en particular, sino que resultan inherentes a la producción convencional onshore en campos maduros, lo que permite considerarlos como riesgos a nivel de cuenca.

Desde el punto de vista ambiental, uno de los principales riesgos está asociado a la posible contaminación de suelos y aguas subterráneas, derivada de derrames de hidrocarburos, fallas en la integridad de los pozos o deficiencias en la gestión de efluentes. Este riesgo se ve acentuado en campos maduros, donde la infraestructura presenta mayores niveles de desgaste y requiere intervenciones constantes. Asimismo, la gestión de pasivos ambientales —incluyendo pozos abandonados o instalaciones en desuso— constituye un desafío relevante en términos de remediación y monitoreo a largo plazo.

Otro aspecto significativo es el de las emisiones atmosféricas, en particular la liberación de metano y otros gases de efecto invernadero asociados a la operación de los yacimientos. Si bien se trata de desarrollos convencionales, las ineficiencias operativas en campos maduros pueden incrementar la huella de carbono, especialmente en contextos de baja inversión. A ello se suma el impacto sobre el suelo y la biodiversidad, vinculado a la ocupación territorial, la fragmentación del hábitat y la presencia de infraestructura dispersa.

Con el proceso de venta del yacimiento dentro del Proyecto Andes, surgieron fuertes cuestionamientos por parte del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut. El gremio sostuvo que YPF debía responder por los pasivos ambientales acumulados antes de transferir el área, reclamando mayor transparencia sobre las obligaciones de remediación. Hasta el momento, estos cuestionamientos se manifestaron principalmente mediante protestas, intimaciones públicas y reclamos políticos, más que a través de sentencias judiciales firmes o litigios ambientales de gran escala. En tanto, Manantiales Behr ha registrado derrames de hidrocarburos. En ese caso, el Ministerio de Ambiente de Chubut ordenó tareas de contención y remediación e inició una investigación para determinar las causas del incidente. Si bien estos eventos pueden dar lugar a expedientes administrativos o eventualmente a acciones judiciales, no encontré evidencia de un litigio judicial relevante ya resuelto asociado a ese derrame. La venta del yacimiento en el marco del Proyecto Andes también generó controversias políticas y sindicales. Se cuestionó la transparencia del proceso de adjudicación y la continuidad de las inversiones y del empleo. Estas controversias derivaron en declaraciones públicas, pedidos de información e incluso advertencias de posible reversión de la concesión por parte de la provincia, pero no constituyen, hasta donde surge de la información disponible, litigios judiciales concluidos.