Proyecto Andes

El bloque Confluencia Sur, operado en la provincia de Río Negro por Phoenix Global Resources, representa un verdadero hito para la industria energética argentina junto con su bloque hermano Confluencia Norte. Ambos constituyen la apertura de la frontera no convencional de Vaca Muerta por fuera de la provincia de Neuquén. Tras campañas de perforación sumamente exitosas, el bloque pasó de ser una apuesta exploratoria a un foco clave de producción masiva de crudo. Este se sitúa en el extremo norte de la provincia de Río Negro, en la zona fronteriza que conecta con el núcleo productivo de la Cuenca Neuquina. En junio de 2026, el Gobierno de Río Negro recibió la declaración de comercialidad presentada por Phoenix Global Resources (PGR) para las áreas Confluencia Norte y Confluencia Sur. A partir de esta presentación, la Provincia avanzará en la evaluación del pedido de concesión correspondiente, en el marco del seguimiento de las inversiones y el desarrollo productivo de estas áreas. Respecto a la presentación, esta se realizó luego del cierre de la etapa exploratoria, en la que la empresa obtuvo resultados positivos y propuso su unificación conforme a lo previsto en el pliego de licitación.

El marco regulatorio hidrocarburífero de Río Negro reconoce el dominio provincial sobre los yacimientos y otorga al Poder Ejecutivo amplias facultades para otorgar, prorrogar y fiscalizar permisos y concesiones. La normativa busca promover la producción y la recuperación de pozos de baja productividad e inactivos, al tiempo que establece condiciones para la prórroga de concesiones, incluyendo inversiones, aportes económicos, un mínimo del 80% de mano de obra y proveedores locales y compromisos de desarrollo comunitario. Asimismo, la Ley N.º 3829 establece obligaciones de abastecimiento de petróleo y gas a empresas elaboradoras de derivados, mientras que la Ley N.º 5594 y el Decreto N.º 563/2025 regulan y fortalecen el control provincial sobre el transporte de hidrocarburos por ductos y su infraestructura asociada, mediante requisitos técnicos, planes de integridad, inspecciones, reportes de incidentes y pagos por desarrollo territorial y fiscalización.

En materia ambiental, la regulación establece obligaciones específicas de prevención, control y remediación. La Ley N.º 4682 crea un Plan de Remediación Ambiental para atender pasivos y daños derivados de la actividad hidrocarburífera, cuya ejecución y financiamiento corresponden a las empresas operadoras, e incorpora mecanismos de denuncia ciudadana. Por su parte, el Decreto N.º 462/2005 clasifica la actividad como de “alto riesgo presunto”, exige la inscripción en un registro ambiental, la presentación de estudios de impacto ambiental y el reporte de incidentes. En conjunto, el régimen combina promoción de la producción y desarrollo local con obligaciones de gestión ambiental, seguridad, remediación y fiscalización, con sanciones que pueden incluir multas y la caducidad de concesiones ante incumplimientos graves o reiterados.

GeoPark opto por no continuar dentro del acuerdo de cesión de participación en los bloques Confluencia Sur y Confluencia Norte, que habían firmado entre el gobierno de Río Negro, Phoenix Global Resources y GeoPark en 2024. Por su parte, Phoenix Global Resources continuará en solitario el desarrollo de estas dos áreas. La empresa ratificó su compromiso con la provincia y anunció un plan de inversiones por 2.000 millones de dólares para los próximos cinco años en sus distintas operaciones.

La explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta mediante la técnica de fractura hidráulica o fracking conlleva una serie de riesgos socioambientales significativos que han sido sistemáticamente subestimados por empresas y gobiernos.

1. Riesgos e impactos ambientales:

- Afectación del recurso hídrico: el fracking requiere volúmenes masivos de agua dulce; entre 2010 y 2020 se consumieron más de 23.000 millones de litros en la región. Existe un riesgo crítico de contaminación de acuíferos por la migración de fluidos, fallas en la integridad de los pozos o el manejo deficiente del flowback, que contiene aditivos químicos tóxicos y, en ocasiones, elementos radioactivos del subsuelo.

- Sismicidad inducida: la inyección de fluidos a alta presión en el subsuelo puede activar fallas geológicas, provocando movimientos sísmicos en zonas donde antes no se percibían. Localidades como Sauzal Bonito han registrado sismos de magnitud 4.2, ocasionando daños estructurales en viviendas.

- Gestión de residuos peligrosos: la actividad genera grandes cantidades de lodo y recortes de perforación. El sistema de tratamiento ha colapsado en varias ocasiones, resultadonde en la acumulación de cientos de miles de toneladas de residuos sin tratar a la interperie, lo que representa un foco de contaminación.

- Contaminación del aire y suelo: las emisiones de gases de efectos invernaderos del proyecto podrían representar entre el 57% y 67% de las emisiones nacionales permitidas para Argentina en 2030. Además, la eliminación de vegetación para las locaciones provoca erosión, pérdida de fertilidad del suelo y voladuras de polvo que afectan la calidad del aire.

2. Riesgos e impactos sociales:

- Impactos en la salud: se han evidenciado enfermedades respiratorias, afecciones en la piel y el sistema nervioso, así como preocupaciones por enfermedades cancerígenas y malformaciones vinculados al contacto prolongado con químicos y agua contaminada. Sin embargo, la falta de estudios epidemiológicos oficiales dificulta una cuantificación precisa.

- Conflictos territoriales y pueblos originarios: el megaproyecto se asienta sobre territorios de comunidades tehuelches y mapuches. Las concesiones suelen otorgarse sin los procesos de consulta previa, libre e informada exigidos por normativa internacional, generando tensiones por la ocupación de tierras y la contaminación.

- Alteración de la economía y vida local: se observa un aumento desproporcionado en el costo de vida (inflación local), lo que empobrece a quienes no trabajan en el sector petrolero. Asimismo, el auge de la actividad ha traído problemas socials como el aumento del consumo de alcohol y drogas, prostitución y trata de personas.

- Colapso de infraestructura: el rápido crecimiento poblacional en pueblos como Añelo ha provocado el colapso de servicios básicos (salud, educación, agua potable, cloacas) y un deterioro acelerado de rutas y puentes no diseñados para el tráfico pesado constante.