Proyecto Andes

Valle del Río Grande es un yacimiento convencional maduro ubicado en Malargüe (Mendoza), parte del clúster Malargüe del Proyecto Andes. En junio de 2026 la Dirección de Hidrocarburos de Mendoza autorizó la cesión del 100% de la participación de YPF en el área (junto con Cerro Fortunoso) a favor de Venoil SA, como parte de la estrategia de YPF de desprenderse de activos convencionales para concentrar inversión en no convencionales. Fuente:

El marco normativo hidrocarburífero y ambiental de Mendoza combina instrumentos de protección ambiental, regulación sectorial y ordenamiento territorial. La Ley N.º 5961 establece los principios de preservación ambiental y exige EIA y DIA para proyectos capaces de modificar el ambiente, incluyendo la exploración y explotación de hidrocarburos. La Ley N.º 7526 regula la actividad hidrocarburífera y reconoce el dominio provincial sobre los yacimientos, estableciendo permisos y concesiones, obligaciones de inversión y un mínimo de 75% de mano de obra mendocina, además de un régimen general de regalías del 12%. Por su parte, la Ley N.º 8051 incorpora el ordenamiento territorial como herramienta para compatibilizar desarrollo y protección ambiental, determinando usos del suelo y del agua y contemplando zonas destinadas a actividades extractivas y energéticas. Complementariamente, la Ley N.º 8706 regula las regalías como parte del sistema de ingresos públicos y habilita su utilización como garantía de operaciones de crédito, mientras que la Ley N.º 9279, mediante el programa Mendoza Activa Hidrocarburos, establece incentivos fiscales de hasta el 40% de la inversión para promover nuevos pozos, reactivación de pozos y abandono de pozos existentes.

Si

La explotación de hidrocarburos convencionales en la Cuenca Neuquina puede generar impactos sobre los recursos hídricos, los suelos, la vegetación y la fauna, con efectos potencialmente acumulativos sobre los ecosistemas y las actividades productivas de la región.

Uno de los principales riesgos se vincula con la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, derivada de derrames de hidrocarburos, fallas en las instalaciones y una gestión inadecuada de aguas de producción y efluentes. Existen antecedentes de derrames de gran magnitud que afectaron cursos de agua como el río Colorado y generaron impactos sobre el abastecimiento y el riego.

Asimismo, la construcción y operación de pozos, caminos, gasoductos y oleoductos implica movimientos de suelo y remoción de vegetación que pueden favorecer la erosión, la degradación del terreno y procesos de desertificación. Los derrames de aguas de producción con elevada concentración de sales también pueden generar procesos de salinización y afectar áreas productivas.

La actividad puede afectar además la flora y fauna mediante la pérdida y fragmentación de hábitats y la contaminación de fuentes de agua y suelos. Finalmente, el manejo de hidrocarburos, productos químicos y residuos peligrosos introduce riesgos adicionales de contaminación y exposición a sustancias potencialmente nocivas, cuya magnitud depende de las prácticas operativas y de la gestión ambiental implementada.