Proyecto Área Río Colorado: El Corcobo

El yacimiento CNQ 7/A es un yacimiento de explotación de hidrocarburos convencionales. Este se encuentra ubicado en el departamento de Puelén, en el extremo suroeste de la provincia de La Pampa. El bloque cuenta con una red de pozos activos, líneas de producción terrestres y plantas satélitales para colectar el hidrocarburo extraído, separarlo y enviarlo a las plantas de tratamiento principales de la región.

El marco regulatorio hidrocarburífero de La Pampa combina la participación estatal, el desarrollo local y la protección ambiental. La Ley N.º 2675 reconoce el dominio provincial sobre los yacimientos y exige participación estatal de al menos 20% en contratos de explotación, junto con un mínimo del 80% de mano de obra, proveedores y servicios pampeanos. También establece obligaciones de remediación, auditorías ambientales y un certificado de Libre Deuda Ambiental. La Ley N.º 3018 regula específicamente los pozos inactivos, estableciendo tasas crecientes, obligaciones de abandono o reactivación y sanciones por incumplimiento, mientras que el Decreto N.º 458/05 fija requisitos ambientales para la actividad hidrocarburífera, incluyendo EIA, controles sobre perforación, acuíferos, residuos, derrames y abandono de pozos. Por su parte, las Leyes N.º 2392 y 2691 regulan la coparticipación de regalías a los municipios —20% para el conjunto y 5% adicional para las zonas productoras—, con prioridad para obras e infraestructura, y la Ley N.º 3185 fortalece el rol de Pampetrol en la gestión del área Gobernador Ayala II. La regulación hidrocarburífera de Río Negro reconoce el dominio provincial sobre los yacimientos y establece un marco orientado a promover la producción, la participación estatal, el desarrollo local y la protección ambiental. La Ley Q N.º 4296 otorga al Poder Ejecutivo facultades para administrar, concesionar y fiscalizar la actividad, mientras que las Leyes N.º 5733 y 5490 regulan la prórroga de concesiones y los incentivos a la producción, incluyendo compromisos de inversión, aportes económicos, un mínimo del 80% de mano de obra, proveedores y servicios locales y obligaciones de responsabilidad social. La Ley N.º 3829 garantiza el abastecimiento de hidrocarburos a las industrias provinciales, y la Ley N.º 5594, complementada por el Decreto N.º 563/2025, fortalece el control provincial sobre el transporte por ductos y su infraestructura, estableciendo requisitos técnicos, planes de integridad, reportes de incidentes, inspecciones y tasas de fiscalización. En materia ambiental, la Ley N.º 4682 establece un Plan de Remediación Ambiental financiado por las empresas para atender pasivos y daños derivados de la actividad, mientras que el Decreto N.º 462/2005 clasifica la actividad hidrocarburífera como de alto riesgo presunto y exige registro ambiental, estudios de impacto y mecanismos de reporte y control de incidentes.

El grupo Pérez Companc anunció la firma de un acuerdo con la petrolera Pluspetrol para la adquisición de su participación del 57% en el bloque El Corcobo, que incluye cuatro áreas convencionales ubicadas en las provincias de Mendoza y La Pampa. Estas son: CNQ-7, Gobernador Ayala, CNQ-7A, Jaguel Casa de Piedra y Gobernador Ayala III. Este bloque comprende activos maduros con potencial para la aplicación de técnicas de recuperación terciaria.

Si

La explotación de hidrocarburos convencionales en la cuenca neuquina genera un deterioro ecológico multifacético que afecta el agua, el suelo, la flora y la fauna, comprometiendo la sustentabilidad de la región. Este deterioro se manifiesta de las siguientes maneras:

1. Contaminación de Recursos hídricos: uno de los impactos más críticos es la afectación de las napas freáticas y los cursos de aguas superficiales.

- Acuíferos: el uso de piletas de purga sin recubrimiento ni impermeabilización ha provocado que los efluentes y la gasolina se filtren directamente al flujo subterráneo.

- Ríos: los derrames de petróleo, como el de más de 300.000 litros ocurrido en 1997, han contaminado el río Colorado, afectando el suministro de agua potable en localidades como Rincón de los Sauces y obligando a interrumpir el riego en zonas agrícolas.

2. Degradación de suelos y desertificación: la infraestructura necesaria para la actividad hidrocarburífera altera profundamente al terreno:

- Desertificación: la construcción de gasoductos, oleoductos y pozos requiere grandes movimientos de tierra que conllevan el aplastamiento de la cobertura vegetal, lo que favorece procesos de desertificación.

- Salinización: los derrames de "agua de purga" o flowbacks han dejado una cantidad importante de parcelas agrícolas irrecuperables debido al alto porcentaje de salinización que producen.

3. Impacto en la flora y la fauna: el ecosistema sufre daño directos que afectan la cadena biológica:

- Vegetación: la actividad contaminante e intrusiva merma la cubierta vegetal. Además, la contaminación deposita una "pátina grasosa" sobre las plantas, disminuyendo su calidad alimenticia, lo que dificulta que los animales aumenten de peso o se reproduzcan.

- Fauna y ganadería: se han registrado muertes de animales en pocas horas tras beber agua contaminada con sustancias petroquímicas en las piletas excavadoras por las empresas. Asimismo, se reportan daños generales a la fauna silvestre de la zona.

4. Residuos tóxicos y riesgos químicos: el deterioro se ve agravado por el manejo de sustancias peligrosas.

- Productos químicos: para el proceso de deshidratación del petróleo crudo se utilizan productos químicos de gran toxicidad y altamente cancerígenos.

- Metales pesados: informes sanitarios han detectado altas concentraciones de mercurio y plomo en la población debido al contacto permanente con residuos tóxicos e inhalación de gases.

Fallo histórico sobre la Cuenca Neuquina (ASSUPA):

La Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda ambiental contra empresas que operan en la formación Vaca Muerta, al considerar que durante más de dos décadas de trámite judicial no se acreditó la existencia de un daño ambiental concreto. La causa había sido iniciada en 2003 por parte de la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (Assupa) contra las empresas petroleras YPF, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, TotalEnergies, Pan American Energy y Vista Energy. También participaron como terceros el Estado Nacional y las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Neuquén.

Assupa reclamaba que las empresas realizaban tareas de recomposición ambiental por presuntos daños sobre suelos, aguas superficiales y subterráneas y el aire, además de restaurar áreas afectadas por la actividad hidrocarburífera y constituir un fondo de restauración ambiental previsto en la Ley General de Ambiente.

La sentencia señalo que la ONG formuló cuestionamientos genéricos contra la actividad hidrocarburífera “en cualquiera de sus formas”, sin determinar qué zonas específicas habrían sido afectadas ni cómo se habría producido la contaminación. Los jueces remarcaron además que, a lo largo del proceso, la Corte había advertido en reiteradas ocasiones sobre la “vaguedad e imprecisión” de la demanda.

Durante 2024, la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería de La Pampa rechazó un recurso presentado por la empresa Pluspetrol, quien se encarga de la concesión del área denominada CNQ 7/A. La problemática se centra que en que la petrolera frenó las inversiones en el lugar, con el argumento de que el área estaba agotada pero un estudio demuestra que hay una zona donde se deben ejecutar pozos exploratorios. Frente a esto, el Gobierno Provincial intimó a Pluspetrol a realizar la perforación de al menos dos pozos exploratorios en el área, la cual tiene concesionada junto con YPF.

Conflictos socioambientales.

En octubre de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una demanda que fue en contra de los intereses petroleros pampeanos. El ente rector judicial del país fue contra La Pampa y la Secretaría de Energía de la Nación, dejando sentado que el mecanismo de pago para el cobro de las regalías utilizado es invalido para establecer como base imponible un precio efectivo determinado, en reemplazo del precio corriente de mercado, vulnerando el régimen federal de hidrocarburos.

En julio de 2023, el Sindicato del Personal Jerárquico de Cuyo paralizó la actividad El Corcobo, operada por YPF, Pluspetrol y Pampa Energía, de donde sale el 25% del crudo que produce la provincia de Mendoza. El sindicato denunciaba “graves irregularidades” por parte de Pluspetrol porque “al no reconocer mayores costos, fuerzan a reducir el personal laboral sin la posibilidad de reemplazarlo”.