Proyecto de exploración no convencional en Palermo Aike

Área exploratoria de aproximadamente 4.670 km² adjudicada en 2019 a YPF y CGC para explorar el potencial no convencional de la formación Palermo Aike (shale). Fue la primera área adjudicada específicamente para exploración de shale en la Cuenca Austral. Limita con los yacimientos Campo Boleadoras y María Inés. Es el área madre de toda la estrategia exploratoria de Palermo Aike, donde se perforó el primer pozo vertical piloto y el primer pozo horizontal (Maypa x-1 / Ma.x-1) con 12 etapas de fractura hidráulica. El pozo alcanzó 3.574 m de profundidad y 1.036 m de rama horizontal. El descubrimiento de hidrocarburos fue declarado en agosto de 2024. El objetivo es evaluar y desarrollar el potencial no convencional de Palermo Aike como segundo polo shale del país tras Vaca Muerta.

En la Provincia de Santa Cruz, la actividad hidrocarburífera se encuentra regulada por el marco nacional establecido por la Ley N.º 17.319 de Hidrocarburos, sus modificaciones, entre ellas la Ley N.º 27.007, y la Ley de Bases N.º 27.742. A nivel provincial, resulta aplicable la normativa específica de hidrocarburos de Santa Cruz, que regula las actividades dentro de la jurisdicción provincial. En materia ambiental, las operaciones deben cumplir con los presupuestos mínimos establecidos por la Ley N.º 25.675 de Política Ambiental Nacional, junto con la normativa ambiental provincial correspondiente.

La inversión en el proyecto se estructura en partes iguales entre YPF y CGC (50/50). El primer pozo requirió una inversión de aproximadamente USD 28 millones, mientras que los siguientes se estiman entre USD 50 y 80 millones cada uno. A fines de 2024, CGC Energía S.A.U. fue absorbida por su sociedad hermana, Compañía General de Combustibles S.A. (CGC). Actualmente, las actividades de producción y desarrollo de la compañía en la Cuenca Austral comprenden 26 concesiones de explotación y 3 permisos de exploración, con vencimientos entre 2026 y 2058, que representan más del 67% de su producción y reservas.

El financiamiento de CGC combina emisiones de obligaciones negociables, deuda bancaria y aportes de capital de sus accionistas. A septiembre de 2025, las ON representaban el 68% de la deuda financiera, la deuda bancaria el 22%, otras deudas financieras el 9% y la deuda con partes relacionadas el 1%. La compañía mantenía una estrategia de desendeudamiento y refinanciación orientada a mejorar su perfil de vencimientos. Entre sus principales fuentes adicionales de liquidez se encuentran los dividendos provenientes de sus participaciones en empresas de transporte de gas, que en 2025 alcanzaron USD 74 millones. Las ON Clase 23, por USD 100 millones, fueron destinadas específicamente a financiar actividades de exploración y explotación en la Cuenca Austral, mientras que las ON Clase 27, por USD 76,9 millones, financiaron actividades en esta cuenca y en la del Golfo San Jorge.

En Palermo Aike, los gastos de exploración —incluidos los pozos no exitosos— se financian con el flujo generado por las operaciones y se reconocen como resultados operativos. Asimismo, en el marco de su ingreso a Vaca Muerta, CGC otorgó a YPF un derecho de preferencia para la compra de crudo a cambio de un pago único de USD 50 millones, fortaleciendo su posición financiera. Entre los principales acreedores del préstamo sindicado se encuentran ICBC, que actúa como prestamista y agente administrativo, Santander, Galicia, Citibank, Banco de Valores, Nuevo Banco de Santa Fe, Banco de Santa Cruz y Banco Hipotecario.

No disponible públicamente. La fractura hidráulica requiere autorización ambiental provincial

El fracking (fractura hidráulica) implica una serie de riesgos socioambientales relevantes, que suelen agruparse en impactos sobre agua, aire, territorio y comunidades:

En primer lugar, uno de los principales riesgos es la afectación del agua. La técnica requiere grandes volúmenes de agua y puede generar contaminación de acuíferos y napas por filtraciones de hidrocarburos, metales pesados o químicos utilizados en el proceso, así como por una inadecuada gestión de los fluidos de retorno. También existen impactos sobre la calidad del aire, debido a emisiones de metano (un potente gas de efecto invernadero), compuestos orgánicos volátiles y la quema de gas, lo que contribuye tanto al cambio climático como a problemas de salud local. En términos territoriales, el fracking produce una intensa ocupación y fragmentación del territorio, con apertura de caminos, instalación de pozos e infraestructura, lo que afecta ecosistemas y biodiversidad. Otro riesgo relevante es la generación de residuos peligrosos, incluyendo lodos y aguas residuales contaminadas que requieren tratamiento especializado. Además, se han registrado casos de sismicidad inducida, es decir, pequeños sismos asociados a la inyección de fluidos en el subsuelo.

Finalmente, desde una perspectiva social, el fracking puede generar conflictos con comunidades locales, especialmente por el uso del agua, los impactos ambientales y la falta de consulta previa en territorios indígenas, dando lugar a disputas socioambientales. Sumado a esto, no se documentó consulta previa documentada con comunidades tehuelches.

En 2022, la comunidad indígena Camusu Aike, ubicada en la provincia de Santa Cruz, denunció públicamente un derrame de hidrocarburos ocurrido dentro de su territorio ancestral. Según los testimonios de integrantes de la comunidad, el derrame habría afectado una laguna natural utilizada por la fauna local y por sus propias actividades productivas.

La comunidad atribuyó la responsabilidad del incidente a la empresa Compañía General de Combustibles (CGC), señalando impactos ambientales directos y cuestionando la gestión del evento. Asimismo, denunciaron la presunta falta de transparencia en la respuesta de la empresa y la existencia de operaciones hidrocarburíferas en territorios que consideran ancestrales, sin procesos adecuados de consulta previa.

Este caso se inscribe en un patrón más amplio de conflictos socioambientales entre proyectos extractivos y comunidades indígenas en la región. Si bien estas disputas suelen implicar denuncias públicas y reclamos por derechos territoriales y ambientales, no siempre derivan en procesos judiciales formales o en resoluciones institucionales concluyentes.