Ramos

Tecpetrol opera el yacimiento con una participación del 58,0%. En julio de 2025 se acordó la extensión de la concesión de explotación hasta el 21 de enero de 2036, acuerdo que fue ratificado mediante decreto provincial en enero de 2026. La compañía mantiene compromisos de inversión pendientes hasta 2031, que incluyen la instalación de una planta modular de amina, cuya certificación por parte de las autoridades de Salta se encuentra pendiente, así como el abandono de dos pozos y de diversas instalaciones y ductos. Al 31 de diciembre de 2025, los activos proporcionales de Tecpetrol correspondientes a Ramos ascendían a USD 2,66 millones, frente a pasivos por USD 12,39 millones.

El marco normativo ambiental de la provincia de Salta está compuesto por un conjunto amplio de leyes que regulan el uso de los recursos naturales y condicionan directamente el desarrollo de actividades extractivas. En primer lugar, la Ley 7070/99 de Protección del Medio Ambiente constituye la norma central, estableciendo principios como el desarrollo sustentable, el “contaminador-pagador” y la obligación de minimizar impactos, además de regular de manera integral recursos como agua, suelo, biodiversidad, atmósfera y residuos . Dentro de esta ley, se destaca el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Social, que exige la presentación de estudios y certificaciones antes de autorizar proyectos, incluyendo actividades extractivas. A su vez, el Código de Aguas (Ley 7017/99) regula el uso y calidad de los recursos hídricos, un aspecto crítico para industrias como la minería o hidrocarburos, mientras que normas sobre suelos (Ley 5973/82) imponen restricciones para evitar degradación y erosión . En materia de biodiversidad, leyes como la 7543/08 de ordenamiento territorial de bosques nativos, junto con normas sobre fauna y recursos forestales, limitan el avance de actividades sobre ecosistemas protegidos. También existen regulaciones específicas sobre residuos —incluidos los peligrosos— y sustancias químicas, que establecen controles estrictos sobre la gestión de desechos y el uso de insumos contaminantes. Adicionalmente, se cuenta con la Resolución 158/23 que establece los contenidos mínimos para una EIA.

En conjunto, este entramado normativo configura un sistema que, al menos en términos formales, busca compatibilizar la explotación de recursos naturales con la protección ambiental, imponiendo requisitos, controles y posibles restricciones a las actividades extractivas en la provincia. Un punto a destacar con relación al derecho indígena es la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (Ley 26.160). La Ley 26.160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, protegía a las comunidades originarias de desalojos de sus territorios. El presidente Javier Milei decidió derogarlo a través del decreto de necesidad y urgencia. Esta decisión, junto con la disolución del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), configura un escenario de creciente desprotección para los territorios indígenas y campesinos. A más de quince años de la primera sanción de la Ley 7543 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Salta, y con diez años de retraso según lo previsto por la ley nacional, la provincia aprobó la actualización de la normativa. El nuevo mapa, sancionado en diciembre de 2024, habilita la deforestación de 700.000 hectáreas. Las cámaras de Diputados y Senadores debatieron el proyecto y lo aprobaron en menos de diez días (el 19 de diciembre de 2024). El proceso fue ampliamente criticado por su velocidad y falta de participación real de las comunidades afectadas.

Tecpetrol S.A. financia sus operaciones principalmente mediante la generación de fondos propios, el acceso recurrente al mercado de capitales y el financiamiento bancario. Como parte del Grupo Techint, cuenta además con una elevada flexibilidad financiera y con el respaldo de su controlante, Tecpetrol Internacional S.L., que garantiza una parte de su deuda. Al cierre de 2025, considerando el Capital Total Ajustado —compuesto por el patrimonio neto y la deuda financiera total—, el patrimonio neto representaba el 61,4%, equivalente a USD 1.418 millones, mientras que la deuda financiera explicaba el 38,6%, por USD 891 millones. De esta última, aproximadamente el 77% correspondía a Obligaciones Negociables (ON), por USD 687 millones, equivalente al 29,7% del Capital Total Ajustado, mientras que el 23% restante correspondía a préstamos bancarios, por aproximadamente el 8,9% de la capitalización. Dentro del financiamiento bancario se incluyen acuerdos de prefinanciación de exportaciones con Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Argentina, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Argentina y Banco BBVA Argentina, así como préstamos sindicados y directos con Itaú Unibanco S.A. – Nassau Branch y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Asimismo, durante 2024 y 2025 se registraron operaciones con Banco Ciudad, Banco Macro y Banco Galicia. Con posterioridad al cierre del ejercicio, en enero y febrero de 2026, la compañía obtuvo financiamiento adicional de Itaú Unibanco S.A. – Nassau Branch. Por su parte, el mercado de capitales constituye la principal fuente de endeudamiento financiero de la compañía, a través de diversas series de Obligaciones Negociables vigentes al cierre de 2025 —Clases 8, 9, 10, 11 y 12—, entre las que se destaca una emisión internacional por USD 400 millones realizada en enero de 2025. Adicionalmente, Tecpetrol mantiene operaciones financieras con compañías vinculadas. En particular, Tecpetrol Internacional S.L., accionista mayoritario y controlante, otorgaba garantías sobre parte de la deuda bancaria de la compañía, por USD 92,3 millones al cierre de junio de 2025. Asimismo, los estados financieros registran intereses abonados a Tecpetrol Internacional S.L.U. (Uruguay Branch) y saldos comerciales y otros pasivos con distintas entidades vinculadas del grupo, entre ellas Tecpetrol Investments S.L.U.

No disponible públicamente, aunque se identificó el siguiente link de la Secretaría de energía de aprobación de un estudio de impacto ambiental y social.

Entre los principales riesgos socioambientales se encuentran la deforestación y afectación del monte asociadas a la apertura de caminos, picadas y locaciones de pozos, con potencial impacto sobre los bosques nativos y la biodiversidad. En materia hídrica, existe riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas por derrames de hidrocarburos y una gestión inadecuada de efluentes, así como presión sobre el recurso por el uso intensivo de agua. En particular, en los yacimientos maduros se generan grandes volúmenes de agua de formación, caracterizada por su elevada salinidad y potencial presencia de hidrocarburos, que requiere un tratamiento y disposición adecuados para evitar afectaciones sobre los suelos y recursos hídricos. Asimismo, la actividad genera residuos y sustancias que requieren un manejo específico, como lodos de perforación, hidrocarburos y productos químicos. En cuanto a la calidad del aire, la quema y el venteo de gas, junto con las emisiones fugitivas asociadas a pozos e instalaciones, constituyen fuentes potenciales de emisiones. Finalmente, la infraestructura hidrocarburífera puede generar fragmentación territorial, afectando la continuidad del territorio, la movilidad y los usos tradicionales del monte.