Río Atuel

El yacimiento Río Atuel se encuentra ubicado al sur de la provincia de Mendoza, dentro de los departamentos de San Rafael y Malargue. Este dejó de pertenecer a Phoenix Global Resources, ya que la compañía decidió concentrar el 100% de su capital en el shale de Vaca Muerta. De esta forma, el bloque Río Atuel revirtío al Estado mendocino y forma parte de un reciente proceso de licitación pública, donde la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia presentó la oferta económica formal más fuerte para quedarse con la concesión del área.

Ahora bien, respecto al bloque, este es un yacimiento de explotación y exploración convencional de petróleo y gas natural. Se localiza en el flanco norte de la Cuenca Neuquina y se encuentra en una posición geográficamente estratégica por estar pegado al bloque El Sosneado. Al ser un área madura que sufrió desinversión en los últimos años debido a la retirada de sus anteriores operadores, el proyecto actual se enfoca en su reactivación integral. La infraestructura existente incluye pozos perforados en décadas pasadas, baterías de recepción y líneas de flujo de interconexión regional.

El marco normativo hidrocarburífero y ambiental de Mendoza combina instrumentos de protección ambiental, regulación sectorial y ordenamiento territorial. La Ley N.º 5961 establece los principios de preservación ambiental y exige EIA y DIA para proyectos capaces de modificar el ambiente, incluyendo la exploración y explotación de hidrocarburos. La Ley N.º 7526 regula la actividad hidrocarburífera y reconoce el dominio provincial sobre los yacimientos, estableciendo permisos y concesiones, obligaciones de inversión y un mínimo de 75% de mano de obra mendocina, además de un régimen general de regalías del 12%. Por su parte, la Ley N.º 8051 incorpora el ordenamiento territorial como herramienta para compatibilizar desarrollo y protección ambiental, determinando usos del suelo y del agua y contemplando zonas destinadas a actividades extractivas y energéticas. Complementariamente, la Ley N.º 8706 regula las regalías como parte del sistema de ingresos públicos y habilita su utilización como garantía de operaciones de crédito, mientras que la Ley N.º 9279, mediante el programa Mendoza Activa Hidrocarburos, establece incentivos fiscales de hasta el 40% de la inversión para promover nuevos pozos, reactivación de pozos y abandono de pozos existentes.

Phoenix Global Resources reestructuró su portafolio para enfocarse intensivamente en el segmento no convencional de Vaca Muerta. En el marco de este plan, la petrolera comenzó a desprenderse de sus bloques convencionales en Mendoza, cediendo su participación histórica en el área Río Atuel y otros bloques maduros.

La explotación de hidrocarburos convencionales en la cuenca neuquina genera un deterioro ecológico multifacético que afecta el agua, el suelo, la flora y la fauna, comprometiendo la sustentabilidad de la región. Este deterioro se manifiesta de las siguientes maneras:

1. Contaminación de Recursos hídricos: uno de los impactos más críticos es la afectación de las napas freáticas y los cursos de aguas superficiales.

- Acuíferos: el uso de piletas de purga sin recubrimiento ni impermeabilización ha provocado que los efluentes y la gasolina se filtren directamente al flujo subterráneo.

- Ríos: los derrames de petróleo, como el de más de 300.000 litros ocurrido en 1997, han contaminado el río Colorado, afectando el suministro de agua potable en localidades como Rincón de los Sauces y obligando a interrumpir el riego en zonas agrícolas.

2. Degradación de suelos y desertificación: la infraestructura necesaria para la actividad hidrocarburífera altera profundamente al terreno:

- Desertificación: la construcción de gasoductos, oleoductos y pozos requiere grandes movimientos de tierra que conllevan el aplastamiento de la cobertura vegetal, lo que favorece procesos de desertificación.

- Salinización: los derrames de "agua de purga" o flowbacks han dejado una cantidad importante de parcelas agrícolas irrecuperables debido al alto porcentaje de salinización que producen.

3. Impacto en la flora y la fauna: el ecosistema sufre daño directos que afectan la cadena biológica:

- Vegetación: la actividad contaminante e intrusiva merma la cubierta vegetal. Además, la contaminación deposita una "pátina grasosa" sobre las plantas, disminuyendo su calidad alimenticia, lo que dificulta que los animales aumenten de peso o se reproduzcan.

- Fauna y ganadería: se han registrado muertes de animales en pocas horas tras beber agua contaminada con sustancias petroquímicas en las piletas excavadoras por las empresas. Asimismo, se reportan daños generales a la fauna silvestre de la zona.

4. Residuos tóxicos y riesgos químicos: el deterioro se ve agravado por el manejo de sustancias peligrosas.

- Productos químicos: para el proceso de deshidratación del petróleo crudo se utilizan productos químicos de gran toxicidad y altamente cancerígenos.

- Metales pesados: informes sanitarios han detectado altas concentraciones de mercurio y plomo en la población debido al contacto permanente con residuos tóxicos e inhalación de gases.

A mediados de febrero de 2020, productores ganaderos y agricultores denunciaron el robo de agua del Río Atuel. Ante la falta de control de las autoridades de Irrigación, los propios productores inspeccionaron el lugar y a través de filmaciones comprobaron cómo el agua del Atuel es desviada de manera ilegal en varios tramos desde La Junta hasta El Sosneado, en el límite entre San Rafael y Malargue. Estos canales clandestinos también fueron denunciados por ambientalistas por el uso de agua para extracción petrolera mediante el fracking

El conflicto por el río Atuel es una disputa histórica por el acceso y manejo del agua entre las provincias de La Pampa y Mendoza. Históricamente, el río fluía de Mendoza hacia La Pampa, desembocando en el sistema del Salado-Chadileuvú. Sin embargo, a partir de finales del s. XIX y condolidándose a mediados del s. XX, Mendoza comenzó a embalsar y desviar sus aguas de manera unilateral. El corte del río provocó un proceso de desertificación en el oeste pampeano que lleva más de medio siglo.

En 1987 la Corte Suprema declaró que el Atuel es un río interprovincial; y en 2020, el máximo tribunal estableció la obligatoriedad para Mendoza de garantizar el caudal mínimo permanente en el límite entre ambas provincias para empezar a revertir el daño ambiental. Sin embargo, a pesar de las sentencias, La Pampa denuncia que Mendoza no cumple con el caudal mínimo. Mientras Mendoza argumenta falta de agua, La Pampa sostiene que hay excedentes, citando como prueba que Mendoza planea reconstruir nuevos reservorios para retener el agua. Frente a esto, organizaciones pampeanas y el gobierno provincial acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y en diciembre de 2024, la CIDH aceptó la presentación y le dio un plazo de hasta cuatro meses al Estado Nacional para explicar por qué no se cumple la sentencia. El objetivo es determinar si se están violando derechos humanos fundamentales, como lo es el derecho a la protección integral del ambiente.