San Pedrito Sur

En conjunto, este entramado normativo configura un sistema que, al menos en términos formales, busca compatibilizar la explotación de recursos naturales con la protección ambiental, imponiendo requisitos, controles y posibles restricciones a las actividades extractivas en la provincia. Un punto a destacar con relación al derecho indígena es la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (Ley 26.160). La Ley 26.160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, protegía a las comunidades originarias de desalojos de sus territorios. El presidente Javier Milei decidió derogarlo a través del decreto de necesidad y urgencia. Esta decisión, junto con la disolución del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), configura un escenario de creciente desprotección para los territorios indígenas y campesinos. A más de quince años de la primera sanción de la Ley 7543 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Salta, y con diez años de retraso según lo previsto por la ley nacional, la provincia aprobó la actualización de la normativa. El nuevo mapa, sancionado en diciembre de 2024, habilita la deforestación de 700.000 hectáreas. Las cámaras de Diputados y Senadores debatieron el proyecto y lo aprobaron en menos de diez días (el 19 de diciembre de 2024). El proceso fue ampliamente criticado por su velocidad y falta de participación real de las comunidades afectadas. San Pedrito Sur no es un proyecto independiente aislado, sino parte de un sistema mayor (Acambuco) operado por PAE, cuyo objetivo es sostener y optimizar la producción de gas en una de las principales áreas gasíferas del norte argentino. El objetivo principal de la explotación del área Acambuco es la producción de gas natural convencional. De acuerdo con las fuentes, los propósitos específicos y el enfoque de esta operación incluyen: Liderazgo en la Cuenca Noroeste: La compañía busca mantener su posición como líder en la producción de gas natural convencional en esta región de la provincia de Salta. Sustentabilidad y Eficiencia: El objetivo es producir de forma eficiente para ser un referente internacional en producción sustentable de gas natural, a pesar de los desafíos que presenta el entorno selvático. Innovación Tecnológica: Debido a la complejidad geológica, la explotación se enfoca en el uso de tecnología avanzada para realizar perforaciones a profundidades que superan los 5.500 metros. Procesamiento para Comercialización: El gas obtenido de los desarrollos Macueta y San Pedrito tiene como fin ser procesado en la Planta Piquirenda para su posterior venta. En términos de resultados recientes, estas operaciones permitieron procesar 1,6 millones de metros cúbicos de gas natural por día durante el año 2023.

El marco normativo ambiental de la provincia de Salta está compuesto por un conjunto amplio de leyes que regulan el uso de los recursos naturales y condicionan directamente el desarrollo de actividades extractivas. En primer lugar, la Ley 7070/99 de Protección del Medio Ambiente constituye la norma central, estableciendo principios como el desarrollo sustentable, el “contaminador-pagador” y la obligación de minimizar impactos, además de regular de manera integral recursos como agua, suelo, biodiversidad, atmósfera y residuos . Dentro de esta ley, se destaca el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Social, que exige la presentación de estudios y certificaciones antes de autorizar proyectos, incluyendo actividades extractivas. A su vez, el Código de Aguas (Ley 7017/99) regula el uso y calidad de los recursos hídricos, un aspecto crítico para industrias como la minería o hidrocarburos, mientras que normas sobre suelos (Ley 5973/82) imponen restricciones para evitar degradación y erosión . En materia de biodiversidad, leyes como la 7543/08 de ordenamiento territorial de bosques nativos, junto con normas sobre fauna y recursos forestales, limitan el avance de actividades sobre ecosistemas protegidos. También existen regulaciones específicas sobre residuos —incluidos los peligrosos— y sustancias químicas, que establecen controles estrictos sobre la gestión de desechos y el uso de insumos contaminantes. Adicionalmente, se cuenta con la Resolución 158/23 que establece los contenidos mínimos para una EIA.

Según informes de la Calificadora de Riesgo FIX, esta empresa cuenta con un mix de financiamiento para financiar planes de inversión, adquisición de activos para refinación, capital de trabajo o repago de deuda de corto plazo. Aunque no se logra diferencia por yacimiento. En este sentido, se destaca que a 2025, la principal fuente de financiamiento eran flujos propios (por casi el 65%) mientras que el restante 35% estaba conformado por deudas financieras (Oblogaciones Negociables y préstamos bancarios). Asimismo, Pan American Energy S.L. garantiza la totalidad de la deuda internacional (USD 640 millones en ON y USD 250 millones en préstamos) y el nuevo crédito sindicado de 2025. En 2025, la empresa emitió ON locales por USD 446,4 millones y firmó un préstamo sindicado con ICBC y Bank of China por USD 250 millones (ampliables a USD 300 millones) con vencimiento en 2030. Los préstamos bancarios ascienden a USD 2.039 millones. Esta cifra representa aproximadamente el 48,8% de la deuda financiera total de la sucursal argentina, la cual suma USD 4.173 millones. Fuentes de información:

No se encuentran disponibles.

En la zona de Acambuco, Salta, los principales riesgos socioambientales derivan de la superposición entre una zona selvática de alto valor ecológico, áreas protegidas, comunidades preexistentes y una intensa actividad gasífera, que incluye perforaciones a gran profundidad. Entre los principales impactos ambientales se destacan la fragmentación y pérdida de hábitat por la apertura de caminos, plataformas y ductos; la potencial contaminación de aguas superficiales y subterráneas por fluidos de perforación, hidrocarburos y aguas de producción; la generación de residuos y emisiones; la posible sismicidad inducida; y las alteraciones sobre la fauna por ruido, vibraciones y contaminación lumínica.

En el plano social, la actividad genera conflictos vinculados con el acceso y la tenencia de la tierra, las servidumbres asociadas a gasoductos y las restricciones al acceso a determinados territorios. La zona está habitada por comunidades indígenas Chané, Tapiete y Guaraní, además de poblaciones campesinas, que enfrentan riesgos sobre sus fuentes de agua, actividades productivas y formas de vida, así como cuestionamientos por la falta de consulta previa, libre e informada. También se señalan efectos sobre la salud y los servicios locales, presión sobre la vivienda y el empleo, aumento del costo de vida y desplazamiento de actividades tradicionales como la agricultura, ganadería y artesanía.