Sea Lion

El yacimiento de petróleo offshore Sea Lion (León Marino) constituye la principal acumulación descubierta de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y el desarrollo costa afuera proyectado más significativo en la plataforma continental austral. Descubierto originalmente en mayo de 2010 por la operadora británica Rockhopper Exploration, el yacimiento se ubica en las licencias de producción PL032 y PL004b, en un sector con una profundidad de agua de aproximadamente 450 metros. Luego de sucesivas rondas de reestructuración corporativa que incluyeron el ingreso de Premier Oil y su posterior fusión en Harbour Energy, en septiembre de 2022 la firma israelí Navitas Petroleum adquirió el control del 65% de la participación y la condición de operador del bloque, en joint venture con Rockhopper que retiene el 35% restante.

A fines de 2025, el proyecto atravesó su transformación estratégica definitiva. El 10 de diciembre de ese año, los directorios de Navitas y Rockhopper tomaron de manera formal la Decisión Final de Inversión (FID) para la Fase 1 del Proyecto, tras obtener la aprobación del Plan de Desarrollo de Campo (FDP) por parte del Gobierno de las Islas Malvinas (FIG) para un período de explotación inicial de 35 años. Esta primera fase prevé una inversión inicial de US$ 1.800 millones hasta la producción del primer petróleo (prevista para marzo de 2028), y de US$ 2.100 millones totales hasta la finalización del proyecto, apuntando a recuperar 170 millones de barriles mediante la perforación de 11 pozos submarinos vinculados a la plataforma de producción flotante FPSO Aoka Mizu.

Los Estudios de Impacto Ambiental (EIS) y las Evaluaciones de Impacto Social (SIA) del Proyecto Sea Lion han sido presentados por los operadores ante el Environmental Planning Department (EPD) y el Mineral Resources Department del Gobierno de las Islas Malvinas (FIG) en el marco del proceso regulatorio local, el cual carece de reconocimiento por parte del Estado nacional argentino por ejecutarse en aguas bajo disputa de soberanía sin el obligatorio Certificado de Aptitud Ambiental regulado por la Ley General del Ambiente N° 25.675.

La documentación final del EIS (edición post-consulta pública de julio-agosto de 2024) y la Evaluación de Impacto Social (SIA) de junio de 2025 elaborada por la consultora Hatch se encuentran disponibles de manera física en las oficinas gubernamentales en Stanley o pueden ser solicitadas formalmente por vía electrónica a la casilla habilitada por la operadora Navitas: sealion.enviro@navitaspet.com para su consulta ambiental.

La explotación de petróleo en aguas profundas subantárticas implica riesgos ambientales significativos para los ecosistemas de la plataforma patagónica austral. El proyecto prevé emisiones directas estimadas en 9 millones de toneladas de CO₂e y más de 100 millones de toneladas adicionales asociadas a la combustión del petróleo producido. Asimismo, las operaciones se superponen con áreas de forrajeo de cetáceos sensibles y han sido cuestionadas por la falta de estudios de base sobre mamíferos marinos. Entre los principales riesgos se encuentran las colisiones con buques, el posible enredo de cetáceos en las líneas de anclaje de la FPSO y la afectación por ruido submarino. También se identifican impactos potenciales sobre aves migratorias por la iluminación y el venteo de gas, así como riesgos operativos asociados a icebergs y condiciones meteorológicas severas.

Desde la perspectiva del Estado argentino, las licencias otorgadas por las autoridades de las Islas Malvinas carecen de validez jurídica y las actividades hidrocarburíferas unilaterales en el área en disputa contravienen las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General de la ONU. En el ámbito nacional, la Ley de Hidrocarburos N.º 17.319 y, específicamente, la Ley N.º 26.659 y su modificatoria N.º 26.915 establecen restricciones a la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización estatal. En este marco, Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e ilegal e inhabilitada por 20 años mediante las Resoluciones 133/2012 y 456/2013, mientras que Navitas Petroleum fue sancionada e inhabilitada por igual plazo mediante la Resolución 240/2022.

En septiembre de 2026, el Gobierno argentino adoptó nuevas medidas frente a los avances del Proyecto Sea Lion, orientadas a ampliar el alcance de las sanciones y promover acciones judiciales contra empresas y responsables vinculados al proyecto. El 8 de septiembre se presentó además una denuncia penal contra varias compañías del consorcio por presuntas infracciones a la Ley 26.659.

El principal conflicto ambiental no judicializado se relaciona con el riesgo de derrames de hidrocarburos. Según el EIS, un derrame de Marine Gas Oil en Berkeley Sound podría afectar las costas de la bahía y áreas sensibles de la Reserva Natural Nacional de Cochon y Kidney Island, mientras que determinados escenarios de derrame offshore de crudo podrían alcanzar las costas patagónicas o fueguinas argentinas y afectar zonas de pesca de calamar patagónico.

El proyecto también ha generado cuestionamientos de organizaciones de la sociedad civil, particularmente de Falklands Conservation, que señaló deficiencias y omisiones en el EIS, entre ellas la falta de estudios y medidas suficientes sobre ruido submarino y mamíferos marinos. Asimismo, las tensiones geopolíticas asociadas al proyecto han tenido impacto en los mercados financieros, con episodios de volatilidad en las acciones de las empresas involucradas.