Descripción
El bloque Sierras Blancas es uno de los activos insignia y más consolidados de Shell en la formación no convencional de Vaca Muerta, Neuquén. Es un área de explotación comercial masiva que ha servido como centro neurálgico para el desarrollo de infraestructura de Shell en la Cuenca Neuquina. Alberga la Planta de Procesamiento Central, la cual comparte logísticamente con los bloques Cruz de Lorena y Coirón Amargo Sur Oeste. De esta forma, la planta procesa el crudo de la zona antes de ser inyectado en los oleoductos principales. Por su parte, en este bloque se origina el Oleoducto Sierras Blancas-Allen, una obra de 105 km de extensión y 16 pulgadas de diámetro inaugurada a principios de 2023. Este ducto cuenca con una capacidad de transporte de hasta 125.000 barriles diarios de petróleo, conectando el corazón de Vaca Muerta con el sistema de Oldelval (Oleoductos del Valle) en Río Negro, facilitando la exportación de crudo hacia el Atlántico. Este ducto es propiedad de un consorcio conformado por Shell (60%), Pan American Energy (25%) y Pluspetrol (15%).
Fuentes consultadas
Identificación
- Yacimiento
- Sierras Blancas
- Consorcio
- Shell Argentina SA 90%, GyP 10%
- Tipo
- Onshore
- Subsector
- Convencional
- Estado
- Explotación
Origen del capital
- Origen capital (país)
- Reino Unido
- Estatal o privado
- Privado
- Extranjero
Pueblos Indígenas afectados
- Pueblo Indígena
- Mapuche
- Referencia
- Mapuche
Regulación provincial
El marco hidrocarburífero de Neuquén establece que los yacimientos de hidrocarburos pertenecen al patrimonio provincial y que el Poder Ejecutivo tiene facultades sobre el otorgamiento de permisos y concesiones. La Ley Provincial 2453/04 regula la exploración, explotación, transporte e industrialización de hidrocarburos, estableciendo los principales regímenes de permisos y concesiones, sus plazos, obligaciones de inversión, cánones y una regalía general del 12% sobre la producción en boca de pozo, reducible en determinados casos. La aplicación de este régimen corresponde a la autoridad provincial competente en materia energética. El Decreto 2183/2021 reafirma estas competencias y establece al Ministerio de Energía y Recursos Naturales como autoridad de aplicación y fiscalización de la actividad.
En materia de emisiones atmosféricas, la Ley 2175/96 establece límites para las emisiones de gases de la actividad hidrocarburífera, obligaciones de declaración y un régimen de tasas y sanciones por contaminación. El Decreto 29/2001 reglamenta esta ley y establece requisitos técnicos de medición y registro de los gases emitidos, así como excepciones específicas y transitorias al venteo cuando existan razones técnicas o económicas debidamente justificadas. Los operadores deben contar con sistemas de medición y conservar los registros a disposición de la autoridad de aplicación.
Para la explotación de reservorios no convencionales, el Decreto 1483/2012, incorporado a la reglamentación de la Ley Ambiental 1875, establece requisitos específicos para prevenir y mitigar impactos ambientales asociados a la estimulación hidráulica. Exige una licencia ambiental previa y documentación sobre el uso y tratamiento de los fluidos de estimulación y del agua de retorno (flowback). Asimismo, restringe el uso de aguas subterráneas aptas para consumo o riego, prohíbe el vertido o almacenamiento a cielo abierto del flowback, exige su tratamiento y establece medidas para reducir impactos sobre el suelo, el agua, el ruido y el uso del territorio. Los operadores también deben realizar controles fisicoquímicos del agua de retorno y presentar periódicamente su planificación de perforaciones.
Financiamiento
Citibank constituye el principal acreedor financiero de la compañía, concentrando prácticamente la totalidad de la deuda bancaria. Por su parte, Naldo Lombardi S.A. y Banco Galicia presentan una participación marginal en el financiamiento bancario.
Fuente consultada
Disponibilidad de los estudios de impacto ambiental
Si, se encuentra disponible.
Fuente consultada
Riesgos socio-ambientales
La explotación no convencional de hidrocarburos en Vaca Muerta mediante fractura hidráulica (fracking) presenta diversos riesgos socioambientales asociados al elevado consumo de agua, la integridad de los pozos, la gestión de residuos y sustancias químicas y la transformación del territorio. Entre los principales impactos potenciales se encuentran la presión sobre los recursos hídricos y el riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas por derrames, fallas en la integridad de los pozos o una gestión inadecuada del *flowback* y del agua de producción. La actividad también genera grandes volúmenes de lodos y recortes de perforación que requieren tratamiento y disposición adecuados. A ello se suman emisiones atmosféricas y de gases de efecto invernadero, remoción de vegetación, compactación y erosión de suelos y una creciente ocupación territorial asociada a pozos, caminos, ductos e infraestructura de apoyo. Asimismo, la inyección de fluidos y la disposición de aguas residuales pueden contribuir a la ocurrencia de sismicidad inducida, fenómeno que ha adquirido particular relevancia en localidades como Sauzal Bonito.
En el plano social, la expansión de Vaca Muerta ha generado tensiones vinculadas con el uso y ocupación del territorio, particularmente en áreas donde existen comunidades mapuches y otros actores locales, en el marco de reclamos por la realización de procesos de consulta previa, libre e informada. También se han señalado posibles efectos sobre la salud de las poblaciones expuestas a emisiones, sustancias químicas y contaminación ambiental, aunque la falta de estudios epidemiológicos sistemáticos limita la posibilidad de establecer relaciones causales y dimensionar estos impactos con precisión. El rápido crecimiento de la actividad hidrocarburífera ha ejercido, además, presión sobre las economías y los servicios locales: en localidades como Añelo se registran aumentos del costo de vida, déficit habitacional y sobrecarga de los sistemas de salud, educación, agua y saneamiento, junto con un fuerte incremento del tránsito pesado y el consecuente deterioro de rutas e infraestructura. Estos procesos pueden profundizar las desigualdades entre trabajadores vinculados al sector y el resto de la población local y generar nuevas situaciones de conflictividad territorial y social.
Fuente consultada
Litigios preexistentes
En mayo de 2019, Greenpeace junto a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén, con el apoyo de la Confederación Mapuche de Neuquén, presentaron la denuncia penal con la evidencia que compromete a la empresa Shell en el escándalo del basurero tóxico e ilegal en Neuquén. La petrolera es responsable de verter residuos peligrosos que ponen en riesgo la población de Añelo, el Río Neuquén y campos agrícolas.
En junio de 2019, un grupo de personas integrantes al gremio de la construcción UOCRA llegó al lugar a bordo de camionetas, con palos, fierros y armas de fuego e interrumpieron el yacimiento. En ese contexto amenazaron a trabajadores que estaban en el lugar y agredieron a un dirigente sindical de una línea opositora. Ante estos hechos, en abril de 2022, a través de un acuerdo judicial, la justicia neuquina cerró un proceso. A partir de que la víctima directa obtuvo una compensación económica, el fiscal Pablo Vignaroli desistió de continuar con el proceso penal contra una persona y presentó un acuerdo pleno mediante el cual se resolvió la situación de otras tres imputadas: suspensión del proceso a prueba y dos condenas, una de ejecución condicional y una efectiva.
Fuentes consultadas
Conflictos socioambientales
En junio de 2019, un grupo de personas integrantes al gremio de la construcción UOCRA llegó al lugar a bordo de camionetas, con palos, fierros y armas de fuego e interrumpieron el yacimiento. En ese contexto amenazaron a trabajadores que estaban en el lugar y agredieron a un dirigente sindical de una línea opositora. Ante estos hechos, en abril de 2022, a través de un acuerdo judicial, la justicia neuquina cerró un proceso. A partir de que la víctima directa obtuvo una compensación económica, el fiscal Pablo Vignaroli desistió de continuar con el proceso penal contra una persona y presentó un acuerdo pleno mediante el cual se resolvió la situación de otras tres imputadas: suspensión del proceso a prueba y dos condenas, una de ejecución condicional y una efectiva.