Yacimiento Norte 1

El área San Antonio Sur es un área hidrocarburífera ubicada en la provincia de Salta, dentro de la cuenca del Noroeste, muy próxima al sistema de Aguaragüe (Tartagal–Mosconi–Aguaray). • Concesión original: otorgada a YPF en 1998 bajo la Ley 17.319 . Operación actual: integrada a la UTE Aguaragüe (YPF, Tecpetrol, CGC, Pampa Energía, etc.) En 2023 se firmó una prórroga/renegociación de concesión por 10 años, con compromiso de inversión > USD 25 millones. Incluye: exploración, perforación, infraestructura y acciones sociales para comunidades.

El marco normativo ambiental de la provincia de Salta está compuesto por un conjunto amplio de leyes que regulan el uso de los recursos naturales y condicionan directamente el desarrollo de actividades extractivas. En primer lugar, la Ley 7070/99 de Protección del Medio Ambiente constituye la norma central, estableciendo principios como el desarrollo sustentable, el “contaminador-pagador” y la obligación de minimizar impactos, además de regular de manera integral recursos como agua, suelo, biodiversidad, atmósfera y residuos . Dentro de esta ley, se destaca el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Social, que exige la presentación de estudios y certificaciones antes de autorizar proyectos, incluyendo actividades extractivas. A su vez, el Código de Aguas (Ley 7017/99) regula el uso y calidad de los recursos hídricos, un aspecto crítico para industrias como la minería o hidrocarburos, mientras que normas sobre suelos (Ley 5973/82) imponen restricciones para evitar degradación y erosión . En materia de biodiversidad, leyes como la 7543/08 de ordenamiento territorial de bosques nativos, junto con normas sobre fauna y recursos forestales, limitan el avance de actividades sobre ecosistemas protegidos. También existen regulaciones específicas sobre residuos —incluidos los peligrosos— y sustancias químicas, que establecen controles estrictos sobre la gestión de desechos y el uso de insumos contaminantes. Adicionalmente, se cuenta con la Resolución 158/23 que establece los contenidos mínimos para una EIA.

En conjunto, este entramado normativo configura un sistema que, al menos en términos formales, busca compatibilizar la explotación de recursos naturales con la protección ambiental, imponiendo requisitos, controles y posibles restricciones a las actividades extractivas en la provincia. Un punto a destacar con relación al derecho indígena es la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (Ley 26.160). La Ley 26.160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, protegía a las comunidades originarias de desalojos de sus territorios. El presidente Javier Milei decidió derogarlo a través del decreto de necesidad y urgencia. Esta decisión, junto con la disolución del Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), configura un escenario de creciente desprotección para los territorios indígenas y campesinos. A más de quince años de la primera sanción de la Ley 7543 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en Salta, y con diez años de retraso según lo previsto por la ley nacional, la provincia aprobó la actualización de la normativa. El nuevo mapa, sancionado en diciembre de 2024, habilita la deforestación de 700.000 hectáreas. Las cámaras de Diputados y Senadores debatieron el proyecto y lo aprobaron en menos de diez días (el 19 de diciembre de 2024). El proceso fue ampliamente criticado por su velocidad y falta de participación real de las comunidades afectadas.

La estructura de la deuda financiera de YPF está integrada por los siguientes instrumentos: Obligaciones Negociables (ON): Constituyen la fuente principal, representando aproximadamente el 78% de la deuda financiera total. Al cierre de 2025, el valor en libros de las ON en moneda extranjera era de $13.098.347 millones de pesos (sumando porción corriente y no corriente). Préstamos Bancarios y otras financiaciones: Representan cerca del 21% del total. Incluyen préstamos financieros, prefinanciaciones de exportaciones y financiaciones de importaciones. Otros instrumentos: El remanente se compone de pagarés bursátiles y adelantos en cuenta corriente. En términos de moneda, el 98,7% de la deuda está denominada en dólares estadounidenses. La tasa de interés promedio ponderada de esta deuda se sitúa en un 6,7%.

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Adicionalmente a los riesgos propios de la actividad hidrocarburífera en la cuenca noroeste, el área de Acambuco presenta una sensibilidad socioambiental elevada debido a su localización en un entorno selvático, la presencia de poblaciones indígenas y campesinas y la intensidad de la actividad gasífera. La explotación, que incluye perforaciones de gran profundidad, puede generar impactos asociados a la apertura de caminos, locaciones y ductos, con potencial pérdida y fragmentación de hábitat, afectación de la biodiversidad y alteración de los usos tradicionales del monte. Asimismo, existen riesgos de contaminación de suelos y recursos hídricos derivados de derrames, fluidos y lodos de perforación, recortes de roca, aguas de producción y fallas en instalaciones, particularmente relevantes por el uso de fuentes de agua por parte de poblaciones rurales. También deben considerarse las emisiones atmosféricas asociadas al venteo y quema de gas, así como los riesgos vinculados a ruido, vibraciones y circulación de maquinaria.

Desde el punto de vista social y territorial, la actividad hidrocarburífera se superpone con territorios ocupados por comunidades indígenas y pobladores criollos, generando antecedentes de conflictos vinculados con la tenencia de la tierra, el acceso y uso del territorio y la infraestructura asociada a la actividad. Entre los antecedentes relevados se encuentran cuestionamientos por la falta de reconocimiento de derechos sobre tierras ocupadas, afectaciones derivadas de la instalación de gasoductos y restricciones al acceso y circulación en determinados sectores. Asimismo, se han identificado problemas vinculados con el acceso al agua para consumo humano y tensiones entre las actividades productivas hidrocarburíferas y los usos tradicionales del monte. En conjunto, estos factores incrementan la sensibilidad del área frente a eventuales incidentes ambientales y pueden generar impactos sobre los medios de vida y las dinámicas socioeconómicas de las comunidades locales.